La defensa del acusado de realizar tocamientos a menores en las inmediaciones de sus colegios y en portales ha pedido este miércoles que los hechos ocurridos, que han sido reconocidos por este hombre con alguna puntualización, sean considerados como "vejaciones" y no como "abusos sexuales" como pide la acusación particular y el Ministerio Fiscal.

Durante la celebración del juicio, que ha tenido lugar este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y que ha quedado visto para sentencia, la defensa ha modificado su escrito de conclusiones, en el que ha pedido cambiar las calificaciones de los hechos y pasar así de la consideración de un delito abuso sexual a faltas por vejaciones, con la rebaja en la pena que ello supone.

Así, la pena que, en sus conclusiones provisionales, consideraba que se debían imponer a su defendido (que oscilaba entre 5 años y medio o 6 años dependiendo) ha pedido que quede en 10 días de multa a razón de 10 euros diarios para cada uno de las siete faltas por vejación que, a su juicio, han existido.

En el nuevo escrito de conclusiones que ha entregado este miércoles al juez, el abogado de la defensa cree que "no ha quedado probado que las acciones cometidas por el acusado tuvieran como finalidad satisfacer sus deseos sexuales".

Además, en su intervención final, el abogado defensor ha asegurado que, al realizar tocamientos a ocho menores en zonas como los glúteos, la zona genital o los muslos —uno sin llegar a hacerlo— el acusado pretendía "menospreciar" y "humillar" a las menores, a las que, en algunos casos, llegó a hacer burla o a reírse de ellas cuando huía del lugar de los hechos.

Aunque la defensa ha reconocido la dificultad de establecer el límite entre una falta de vejación y un delito de abuso sexual, ha solicitado "proporcionalidad" en las penas y ha considerado que imponer las penas que solicita el Ministerio Fiscal y la acusación particular sería "absolutamente excesivo".

En repetidas ocasiones, ha insistido en que los tocamientos fueron "fugaces"; de "un solo toque"; con "escasa" intención y sin pretender "ir más allá".

Además, ha defendido que ninguna de las ocho menores implicadas —sólo tres se incluyen en la acusación particular— ha sufrido "un daño moral" más allá de la vivencia de una "desagradable" y "dañina situación".

Por otra parte, la defensa pide que se consideren como atenuantes la reparación del daño (el abono de las indemnizaciones que han ascendido a 8.375 euros), y el reconocimiento de los hechos, entre otros.

Durante el juicio, ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular se han mostrado de acuerdo con los argumentos de la defensa ni en la callificación de los hechos ni en algunas de las circunstancias que han sido solicitadas como atenuantes.

Por su parte, el Fiscal solicita una condena de doce años de prisión, libertad vigilada durante cinco años más y la prohibición de acercarse a sus víctimas a menos de 300 metros durante 7 años.

El Ministerio Fiscal le imputa cuatro delitos de abusos sexuales a menores de trece años, tres delitos de abusos sexuales a mayores de esa edad, otro en grado de tentativa y otro de resistencia, ya que cuando fue detenido forcejeó con los agentes de Policía.

Los hechos

Los hechos sucedieron entre febrero y junio de 2011 en Santander, en distintas ocasiones y, en la mayor parte de los casos, en las cercanías de diversos centros escolares.

A la salida del colegio o en las proximidades de los portales de las víctimas, el procesado abordaba a las víctimas, realizándolas tocamientos en zonas como los muslos, la parte genital y los glúteos, por encima y debajo de la ropa.

La Policía llegó a montar un dispositivo para localizar al acusado, que lo fue tras ser alertado por los gritos de niños e intentar darse a la fuga, oponiéndose violentamente a los intentos de detención de los cuerpos de seguridad y causando con ello daños a un agente.

Para el acusado, en prisión provisional desde entonces, la acusación particular, que representa a tres de las menores, ha pedido una pena de prisión de cuatro años y seis meses; la prohibición de acercarse a ellas a una distancia inferior a 300 metros durante 7 años. También reclama que no se le permita residir en Santander y esté en libertad vigilada durante ocho años.