La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el borrador de la ordenanza municipal que regulará el uso de la vía pública para la colocación de terrazas y otros elementos en las calles y plazas de la capital balear.

El borrador ha sido presentado por el portavoz del Ayuntamiento, Julio Martínez, y la teniente de alcalde de Contratación y Función Pública, Irene San Gil, quien ha señalado que la entrada en vigor de la Ley Antitabaco y la Directiva Bolkestein (relativa a los servicios) ha propiciado un aumento de las solicitudes de los establecimientos de restauración para instalar terrazas en la vía pública, las cuales se han incrementado en Palma un 400% en los últimos años.

El borrador introduce toda una serie de cambios respecto a la normativa actual, como el establecimiento de unos periodos de ocupación de la vía pública que van de los tres meses como mínimo a un año como máximo. No obstante, estos permisos podrán ser prorrogados de manera ilimitada, aunque en ningún caso se consolidarán derechos sobre la vía.

Además, se da libertad a los restauradores para elegir el tipo de diseño que quieren aplicar en el mobiliario que utilicen, aunque se ha incorporado un listado con los materiales y color de las mesas y sillas que pueden utilizarse, al tiempo que tampoco está permitido que estos elementos lleven publicidad de productos que no sea del propio establecimiento. En cualquier caso, San Gil ha matizado que la intención del Ayuntamiento es que se mantenga una "imagen de calidad".

Asimismo, también autoriza la ocupación de espacios, plazas, calles y bulevares que están separados del establecimiento por una calzada, algo que hasta ahora tan sólo se podía hacer de manera excepcional, como es el caso de la Rambla de Palma. San Gil ha incidido en que este punto es fruto de una reivindicación "bastante generalizada" entre el sector de la restauración.

El borrador de la ordenanza también permite instalar terrazas en calles peatonales y la "microocupación" de calles con aceras estrechas en las que se permitirá la colocación de dos mesas en la puerta del local, siempre y cuando reste un espacio de al menos dos metros para el paso de los peatones.

Además, regulariza el sistema del uso de calefactores y climatizadores en la vía pública, así como el almacenamiento de las botellas de gas butano, donde hasta ahora había "un vacío legal", ha apostillado San Gil.

También se permitirá el establecimiento de mamparas de protección o que separen unos establecimientos de otros, así como el uso de toldos más bajos.

Es importante destacar que el horario hasta el que estará permitido tener las terrazas montadas se amplía media hora, de modo que entre semana se podrá ocupar la vía pública hasta las 00.00 horas y los viernes, sábados y vísperas de festivos se alarga hasta las 00.30 horas. San Gil ha apuntado que, en el caso de que no hayan quejas vecinales, se estudiará la ampliación hasta las 01.00 horas en las zonas turísticas, como la Playa de Palma.

La teniente de alcalde ha apuntado que se dará a los dueños de los establecimientos unas fichas en las que habrá un plano con el espacio del local y la distribución del mobiliario en la terraza con el fin de facilitar la labor de inspección.

En este sentido, cabe decir que se creará la unidad de inspección de ocupación de la vía pública, dentro de la Policía Local, que se encargará de estos controles. Martínez ha matizado que esta nueva unidad no supondrá un coste añadido, sino que se redistribuirá el organigrama de la Policía.

A este respecto, San Gil ha subrayado que el Ayuntamiento va a ser "implacable" con los establecimientos que no cumplan con la normativa. En este sentido, ha señalado que la ordenanza también establece el régimen sancionador de la ley municipal de las Islas Baleares, que fija multas que llegan hasta los 3.000 euros.

Cabe decir a este respecto, que la normativa actual establece multas de un máximo de 90 euros por el uso inadecuado de la vía pública. No obstante, el borrador fija un sistema de multas que va de los 100 a los 750 euros para las infracciones leves, de 750 a 1.500 euros para las graves y de 1.500 a 3.000 para las muy graves.

Finalmente, el borrador también regula la ocupación de la vía por parte de las mesas informativas, las cabinas de la ONCE o los quioscos.

San Gil ha afirmado que esperan recibir un "aluvión" de solicitudes, al tiempo que dar seguridad jurídica a vecinos y restauradores.

Tramitación de la ordenanza

El borrador de la ordenanza deberá pasar ahora por las comisiones informativas del pleno, para después aprobar inicialmente la ordenanza en el pleno de enero. Después se abrirá un periodo de información pública para que puedan presentarse alegaciones y, finalmente, será aprobado definitivamente en sesión plenaria, previsiblemente en marzo.