La actuación, consistente en ampliar dos potabilizadoras y construir una nueva conducción, la debe ejecutar la sociedad estatal Acuamed. Sin embargo, más de la mitad del coste total, que asciende a unos 100 millones de euros, se abonará con un recargo en el recibo del agua de los beneficiarios de la actuación (es decir, los propios vecinos). Ayuntamiento y Gobierno central negocian cómo financiar el resto.