El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social, UGT y Comisiones Obreras se opusieron hoy a los cambios que el Gobierno riojano tiene previsto efectuar en el decreto que regula la Renta de Inserción Social, ya que se "endurecerá" el acceso; algo que calificaron de "penoso".

La presidenta del Colegio, Vanesa Villa, ofreció una rueda de prensa junto a la responsable de Formación de UGT Teresa Rodríguez y la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Ana Terrazas, en la que explicó que la cuantía de la Renta de Inserción es de un máximo de 370 euros.

Sirve, dijo, para mantener las "necesidades básicas de alojamiento y manutención" y para lograrla los beneficiaros deben pasar una entrevista con el Trabajador Social y unos "filtros". "El Gobierno", además, dijo, "tiene mecanismos para cruzar los datos y enseguida saltan las alarmas" para certificar que el acceso es el correcto.

Por tanto, dijo, se trata de una ayuda para personas en caso de gran necesidad y su recorte hará que algunas familias pasen hambre. Así, según dijo, el Gobierno riojano tiene previsto revisar el decreto que regula estas ayudas y en el preámbulo de modificaciones indica, explicó, que se están viendo casos de duplicidad de ayudas en una persona y, también, que este ingreso disminuye el interés por buscar un empleo.

Las tres responsables rechazaron estos argumentos ya que, en palabras de Rodríguez, "con 372 euros nadie va a cronificar la situación de desempleo, todos quieren un trabajo". También consideraron que "pone en entredicho" la labor de los trabajadores sociales, que son los encargados de aprobar la concesión de ayudas.

Terrazas explicó que, en la modificación del decreto, se pretende aumentar de uno a tres el tiempo que una persona debe estar empadronada para poder solicitarlo. Para rechazar este punto puso el ejemplo de una mujer que sufre malos tratos, con cargas familiares, y que sólo lleva un año en la región.

También se establece un periodo de un año, después de haber estado recibiendo otras ayudas, para poder solicitar ésta. Por tanto, consideró, la persona sin recursos "tiene que estar un año muriéndose de hambre y, si aguanta, puede pedir la ayuda".

Se elimina el pago con efecto retroactivo, en caso de tardar en percibir la ayuda una vez concedida, y se establece un máximo de dos años como tiempo en que puede recibirse; puntos también rechazados por el Colegio y ambos sindicatos y que, junto con los anteriores, han motivado la presentación de alegaciones en el Consejo de Bienestar Social.

Los tres organismos esperaron que las modificaciones no salgan adelante ya que, tal y como dijo la presidenta del Colegio, en caso afirmativo, "vamos a encontrarnos con muchas personas que no tendrán ni para comer".

Según sus datos, si antes de comenzar la crisis no llegaban a doscientas las personas que recibían esta ayuda, en el año 2010 se alcanzó la cifra de 1.280.