El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado la moción en la que el PSOE proponía tomar las medidas oportunas para dejar sin efecto la subida del 3 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) aplicada por la Administración local porque a su juicio supondría "dar una patada a la legislación vigente".

En el Pleno celebrado este martes, el primero del año 2012, el grupo mayoritario ha rechazado otra moción presentada por Izquierda Unida y ha modificado sustancialmente el contenido de una tercera que planteaban conjuntamente los dos grupos de la oposición y en la que proponían una serie de medidas consensuadas con el movimiento 15M dirigidas a paliar los efectos de la ejecución hipotecaria en personas que, de buena fe, no puedan pagar las cuotas.

El concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, ha aseverado que los tipos impositivos del IBI para 2012 tenían que estar fijados antes del 1 de enero y que la subida del 10 por ciento aprobada por el Gobierno de España el pasado 30 de diciembre hace efecto sobre las tasas municipales que, por su parte, fijaban un incremento del 3 por ciento.

Por este motivo ha subrayado que el objetivo de la moción "va directamente en contra del Real Decreto" anunciado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el último Consejo de Ministros de 2011 y también en contra de la Ley General Tributaria. "El Ayuntamiento de Valladolid no tiene en sus manos modificar el tipo de gravamen del IBI", ha recalcado.

Mientras tanto, Óscar Puente ha reprochado la "nula voluntad política" del Equipo de Gobierno e incluso ha propuesto la medida de crear una línea de subvenciones a los ciudadanos propietarios de vivienda para reintegrarles el importe correspondiente a ese 3 por ciento después de que formalicen el pago del impuesto inmobiliario.

Puente ha lanzado una dura crítica al comienzo de la gestión en la etapa de Rajoy al frente del Gobierno, a la que ha calificado de "engaño" y ha recordado que durante la pasada Legislatura el PP señaló desde la oposición que "más impuestos es igual a menos consumo, menos ahorro, menos empresas y más paro", por lo que se deduce que ahora los 'populares' "van a generar más paro".

El representante del PSOE ha cifrado en ocho millones de euros la cantidad extra que organizará el Ayuntamiento con la subida del 13 por ciento, y en 1,8 la cuantía a la que se pedía que renunciara en la moción. En la conclusión de su turno, Óscar Puente ha aseverado que ese será el tipo de oposición que llevará a cabo el PSOE hacia la gestión del PP en Valladolid y en el Gobierno de España. "Ustedes lo han sembrado, no apoyaron ni una sola medida de un gobierno que luchó contra la crisis y ahora seremos implacables", ha concluido.

Mientras tanto, el concejal de Izquierda Unida Alfredo Bustos ha lamentado que "una vez más" el peso de la crisis recaiga en "quienes más necesitan" y ha recordado que el Equipo de Gobierno de Valladolid debería, a su juicio, actuar de alguna manera con los propietarios de los miles de viviendas vacías de la ciudad.

Tanto IU como el PSOE planteaban una moción conjunta en la que se proponía instar al Gobierno para que desarrolle medidas como la moratoria total o parcial de las deudas hipotecarias a favor de personas que, con buena fe, se hallen en situación de insolvencia; la dación en pago para cancelar la deuda pendiente con la entrega de la vivienda, o la creación de una unidad de atención a personas en riesgo de desahucio a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Las propuestas se han llevado al Pleno de forma consensuada con el movimiento reivindicativo 15M, con el que según los proponentes mantuvieron una reunión los tres grupos municipales. De hecho, en la sesión intervino la portavoz de la Asociación de Mujeres Castellanas, Concepción Minayo, para defender la postura del colectivo 'indignado', ya que ellos no están constituidos como asociación para poder solicitar un turno de palabra.

"actitud intachable" del 15M

No obstante, en la rueda de prensa posterior al Pleno, Francisco Javier León de la Riva, ha querido alabar la actitud "intachable" de los miembros del movimiento 15M que han asistido como público a la sesión pues se han limitado a aplaudir las intervenciones favorables a su postura.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Popular, Jesús Enríquez, aseguró que la llegada al orden del día de esta moción era fruto de una "maniobra" de PSOE e Izquierda Unida debido a que "hace dos días" el portavoz de IU, Manuel Saravia, le aseguró que finalmente no se iba a presentar.

Por este motivo, según Enríquez, el Equipo de Gobierno se ha visto "obligado" a defender el programa electoral que llevó Mariano Rajoy a las Elecciones Generales del pasado 20 de noviembre mediante dos enmiendas. Con una de ellas eliminaba de las propuestas la de la ventanilla de atención a personas en riesgo de desahucio y con otra sustituía tanto la moratoria como la dación en pago por varias medidas recogidas en el programa 'popular'.

Así, con los votos en contra de PSOE e Izquierda Unida, se aprobó finalmente una moción con propuestas como la aceleración de la introducción de las subastas judiciales electrónicas, supervisar las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios para evitar cláusulas abusivas, desarrollar sistemas de información, mediación y resolución de conflictos; incentivar que las entidades bancarias ofrezcan información suficiente sobre constitución de hipotecas, e impulsar acuerdos para movilizar el stock de viviendas vacías y la rehabilitación de edificios.

A este respecto, el movimiento 15M ha lamentado que el rechazo a su moción muestra la "nula credibilidad" de la clase política que "antepone los intereses de los mercados" a los de los ciudadanos con mayores necesidades. Al mismo tiempo, han calificado de "incomprensible" que las instituciones competentes "no garanticen el cumplimiento de un derecho constitucional y sigan mirando por los intereses particulares".

La primera de las mociones debatidas, en la que el portavoz de Izquierda Unida defendió la modificación de una serie de medidas que modifiquen la concepción del comercio en la ciudad. Entre otras cosas, se planteaba la modificación del PGOU para rechazar la instalación de más centros comerciales a excepción del previsto en Los Santos-Pilarica o la creación de itinerarios peatonales y de transporte público para comunicar los distintos núcleos comerciales.

La propuesta ha recibido el apoyo del Grupo Socialista, cuyo presidente, Óscar Puente, ha destacado hechos como que la cadena de tiendas de ropa H&M no se pudo instalar en la Plaza Mayor porque el actual PGOU no permite el uso comercial de locales en las segundas plantas. Además, ha llamado la atención sobre el "impacto positivo" que puede tener la instalación de Ikea en Arroyo de la Encomienda.

Por su parte, la concejal de Cultura, Comercio y Turismo, Mercedes Cantalapiedra, ha justificado el voto contrario del Grupo y ha defendido que la ciudadanía no va a los centros comerciales "por fascinación" sino porque la oferta comercial es "más agresiva" y existen más facilidades para aparcar, por lo que ha reclamado a los grupos de la oposición que apoyen el desarrollo de estacionamientos subterráneos en el centro de la ciudad.

Asimismo, el regidor vallisoletano ha apuntado en su rueda de prensa que quizá no sea necesario esperar a la revisión del PGOU para introducir en el mismo modificaciones que favorezca al comercio en el casco urbano.