El fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha presentado ante el TSJR una demanda civil contra el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, y el consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, al atribuirles una "actitud profesional prevaricadora" derivada de la redacción de la Memoria 2010 del TSJR en la que se vertían críticas contra la "renuencia" del Gobierno regional a facilitar datos sobre delitos de ordenación territorial.

Según publicó este sábado el diario El Correo y recoge Europa Press, Calparsoro exige una indemnización solidaria de 10.000 euros por haber "lesionado de manera ilegítima su honor" y por daños y perjuicios ya que como señala en su demanda, él no fue el autor de la redacción de dicho documento.

Además, el actual fiscal Superior del País Vasco indica que el posterior comunicado que realizó el Ejecutivo regional en el que achacaban a Calparsoro "frustración" por no haber podido encausar a ningún consejero de Sanz y acusándole de haber hecho "un último servicio al PSOE" antes de ocupar su actual puesto "atenta contra su imparcialidad como representante del ministerio público".

Cabe recordar que Juan Calparsoro fue fiscal Superior de La Rioja desde 2004 hasta 2010, cuando fue nombrado para el mismo cargo en el País Vasco.

La memoria a la que se está haciendo referencia fue presentada en julio de 2011 y Calparsoro aclara que en esa fecha él ya no era fiscal Superior de La Rioja y por tanto, no intervino en su elaboración.

Tal y como publicaba ayer el diario El Correo, ante estos hechos, Juan Calparsoro proclama su derecho al honor y afirma que la frase del comunicado del Gobierno riojano en la que aludía al "último servicio al PSOE" es "gratuita e innecesaria" y califica esta frase como "muy dañina" para su honor profesional.

Ante esta situación y como publica este domingo El Correo, tras la demanda civil interpuesta por Calparsoro, al tratarse de un procedimiento civil, el presidente del Ejecutivo riojano y el consejero de Presidencia y Justicia pueden delegar en su abogado y procurador, dado que no están obligados a presentarse como demandados ante el tribunal colegiado que juzgará la demanda que contra ellos ha presentado Calparsoro.