El Gobierno de Castilla y León va a incorporar el próximo año el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', una tasa que ya existe en nueve de las trece autonomías de régimen común, incluidas las islas, y que en el caso castellanoleonés se aplicará "a los tipos máximos autorizados", es decir 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá ingresar 140 millones de euros/año que se destinarán a la financiación de la sanidad.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tras un Consejo de Gobierno "no ordinario" que ha aprobado una serie de medidas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos, el mantenimiento de sus actuales estándares de calidad y equidad —a diferencia del objetivo de otras autonomías, según ha significado, que trabajan sólo por poder prestar estos servicios— y su sostenibilidad en el futuro.

El presidente de la Junta ha explicado que la decisión de aplicar en Castilla y León el 'céntimo sanitario' —tasa que ya aplica el Gobierno en todo el Estado— responde a la necesidad de obtener nuevos ingresos que compensen la caída de la recaudación por las figuras impositivas tradicionales y la "insuficiencia" de los recursos procedentes del sistema de financiación, donde ha reclamado una "revisión profunda".

Tras reconocer que la aplicación del 'céntimo sanitario' supondrá un encarecimiento de la gasolina, que pasará de una media de 1,31 euros/litro a 1,36, Herrera ha anunciado que, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, quedarán exentos de esta nueva tasa el gasóleo de uso especial que utilizan los agricultores y los ganaderos para su actividad y el gasóleo de calefacción.

Ha anunciado también la recaudación en 2012 del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recuperado por el Gobierno tras elevar el mínimo exento y la valoración de la vivienda habitual al que el Ejecutivo regional "no va a renunciar en estas circunstancias", según sus palabras, ya que permitirá ingresar 39 millones de euros, una cantidad "importante" que se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con el objetivo de que las rentas más altas ayuden a las familias más necesitadas y en riesgo de exclusión social. En este caso, ha aclarado que las personas con discapacidad quedarán exentas.

Ecotasa y tributo sobre eliminación de residuos.

Además, la Junta de Castilla y León va a desarrollar por primera vez en su historia dos tributos propios, en ambos casos de carácter medioambiental, que permitirán ingresar a las arcas regionales un total de 72 millones de euros, a pesar de que con esta decisión Castilla y León dejará de ser "la única autonomía" que no había desarrollado tributos propios y que ejerce ahora por "responsabilidad" y "obligación" ante una "profunda crisis" y la "necesidad obvia" de más ingresos.

El primero es la denominada 'ecotasa', que gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y que proporcionará 60 millones de euros anuales (40 de los embalses, 5 de las líneas de alta tensión y 15 de los parques) que servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental y mejoras en la eficiencia energética y en el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos.

La aplicación de este nuevo tributo, que deriva de un acuerdo de las Cortes de Castilla y León que "insta y anima" al Gobierno autonómico a actuar en este sentido y en línea con lo desarrollado ya en siete comunidades autónomas, "no repercutirá en la tarifa eléctrica para los ciudadanos".

El otro nuevo impuesto grabará la eliminación de residuos de vertederos en pro del fomento de la gestión sostenible de los residuos urbanos e industriales. Herrera ha cifrado la recaudación en 12 millones de euros/año que se dedicarán a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.

La suma de los tres conceptos impositivos nuevos supondrá una partida adicional de 212 millones de euros, una cantidad "muy significativa", según ha reconocido Herrera, en estos momentos de crisis que se han decidido aplicar además por el carácter finalista de los fondos, la financiación de la sanidad y de la RGC, las entidades locales y las acciones medioambientales.

Estos nuevos tributos son la principal novedad del Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras que presentó el septiembre la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y que será remitido al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo Consultivo para que, con carácter de urgencia, realicen el informe preceptivo para su aprobación definitiva en enero (ha apuntado a la segunda o a la tercera semana del mes) y su posterior remisión a las Cortes de Castilla y León.

En este sentido, el presidente de la Junta ha expresado su deseo de que los grupos parlamentarios sepan estar "a la altura de las circunstancias" ya que, según ha asegurado, ninguna de las medidas aprobadas este jueves en el Consejo de Gobierno —Herrera ha planteado también un plan de racionalización del gasto para toda la administración con un ahorro de 136 millones de euros— se han hecho "por capricho" por lo que ha abogado por la "urgencia" a pesar del legítimo disenso.

Tras reconocer que el Anteproyecto de Ley de Medidas "no tiene nada que acompañar, de momento" —la Junta de Castilla y León ha optado por la prórroga de los presupuestos de 2011 a falta de unos datos ciertos y fiables sobre los ingresos que llegarán del Estado—, Herrera ha recordado que el borrador prevé la implantación de 7 nuevas ventajas fiscales el próximo año, que elevarán hasta los 50 los beneficios fiscales vigentes en 2012.

Entre ellos ha citado la deducción del 7,5 por ciento en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de la primera vivienda nueva, que sólo será de aplicación a los inmuebles iniciados entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, durante los cinco años siguientes a la adquisición y con un máximo de 9.040 euros anuales.

Las otras seis medidas nuevas son una bonificación de 1.020 euros en el IRPF para los autónomos que retomen su negocio (el doble si lo hacen en un núcleo rural); cuatro bonificaciones al sector del juego para paliar las serias dificultades que atraviesa, que solamente estarán vigentes en 2012 y están condicionadas a que las empresas mantengan el empleo y el nivel de actividad, y la exención del pago del Impuesto sobre el Patrimonio a las personas con discapacidad.

No obstante, en lo relativo a la recaudación por los tributos cedidos la Junta mantendrá vigente en 2012 la actual tarifa autonómica, a diferencia de lo que se va a llevar a cabo en otras seis autonomías donde ya se subió ese tramo en 2011. "No lo hizo Castilla y León y tampoco lo hará en 2012", ha garantizado el jefe del Ejecutivo regional, que no ve necesidad de aumentarlo "salvo necesidad".

Herrera ha rechazado otras propuestas de subidas impositivas por no tener suficiente influencia recaudatoria y ha apostado por hacer una revisión en la concesión de ayudas y subvenciones para ajustarlas a los niveles de renta. Ha puesto como ejemplo el caso concreto de las ayudas a los libros de texto desde el convencimiento de que las familias con mayor nivel de renta no tienen que beneficiarse de esta ayuda que, además, "no es un elemento esencial del modelo educativo. Del mismo modo, se ha comprometido a mantener la práctica supresión del Impuesto de Sucesiones.