El Pleno de la Diputación de Valladolid reunido este jueves ha acordado por unanimidad instar a los ayuntamientos de la provincia a que cambien el nombre de las calles y plazas que hagan referencia a la dictadura franquista, después de la polémica surgida el pasado martes en el Consistorio de Medina del Campo, donde se aprobó una propuesta del mismo tipo con la abstención de los ediles 'populares'.

La moción, presentada por el grupo socialista, ha contado con el respaldo del PP, al igual que sucediera en 2008 con una propuesta similar presentada por IU, que en esta ocasión también ha apoyado la petición del PSOE para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la subsecuente dictadura.

No obstante, el Partido Popular, por mediación de Jesús García Galván, ha criticado tanto la "oportunidad" de la reivindicación socialista como el hecho de que se "utilice" el Pleno para ir "en contra" de un Grupo municipal de un Ayuntamiento, por lo que ha considerado que la iniciativa del PSOE, que ha tildado de "partidista", no es "ética" y sólo trata de "desviar la atención".

Asimismo, Galván ha señalado que "hay muchos vecinos de Medina del Campo que no están de acuerdo con el cambio de nombre de algunas vías de la localidad porque entienden que "no es el momento", aunque ha recordado la obligación de las administraciones de cumplir la ley y, en este sentido, ha pedido al PSOE que "no pretenda trasladar" lo contrario.

Por otra parte, en un Pleno que ha evidenciado un amplio consenso en casi todas las cuestiones debatidas, los grupos políticos representados en la Institución provincial sí han diferido en la proposición del PP orientada a solicitar al Gobierno de la Nación que mantenga la operatividad del polvorín de Sardón de Duero, una instalación militar dedicada al almacenamiento de municiones y explosivos.

Los 'populares' han defendido que el polvorín, una instalación "eficaz" que genera "empleo y riqueza" y da trabajo a cinco personas, "cumple todas las condiciones de seguridad", por lo que es "altamente improbable que se produzca un accidente", mientras que la oposición ha mostrado su preferencia por recortar gastos militares antes que servicios "básicos" como Sanidad o Educación, y han votado en contra de la proposición, que, no obstante, ha sido aprobada.

ELÉCTRICAS,

Servicios sociales y empleo en zonas deprimidas

En cuanto a las otras tres proposiciones, todas ellas aprobadas por unanimidad, la Diputación de Valladolid ha acordado solicitar al Gobierno de la Nación que se prohíba a las compañías eléctricas dejar sin suministro a las Casas Consistoriales y a los edificios públicos cuyo mantenimiento dependa de los Ayuntamientos, como escuelas, consultorios médicos o centros de jubilados, tras sufrir la propuesta de IU una enmienda por parte del PSOE.

La Institución presidida por Jesús Julio Carnero también ha convenido instar a la Junta a que aporte la financiación prevista en la Ley de Servicios Sociales y suplemente económicamente el Acuerdo Marco para 2011, ya que según ha expuesto el PSOE, la deuda en este área del Ejecutivo regional asciende a 15 millones de euros, a lo que el PP ha respondido que en Valladolid los Servicios Sociales "se están llevando bien" y que "no se puede exigir a la Junta algo que está cumpliendo".

Además, también se ha aprobado a petición del PSOE solicitar al Gobierno regional que tome medidas para evitar que los 18 ayuntamientos de la provincia beneficiarios de las subvenciones del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas tengan que adelantar los casi 330.000 euros que le corresponde financiar al Ecyl para contratar a 137 trabajadores, con las consiguientes dificultades económicas añadidas que ello supondría para los entes locales.

Al respecto, desde el PSOE han lamentado que la Junta "haya cambiado las reglas del juego", y han pedido al Ejecutivo autonómico que "deje de ser moroso y de estrangular a los ayuntamientos", mientras que Salvador Arpa, de IU, ha criticado que la ayuda "más que una compensación", es un "castigo" para los municipios. Por su parte, el PP ha deseado que en un plazo de dos meses los ayuntamientos puedan percibir la cuantía.