El Parlamento aprueba la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, que modifica de golpe 18 normas autonómicas

El proyecto de ley, aprobado con el voto en contra de PSOE y PRC, fue informado desfavorablemente por el Consejo Económico y Social (CES)
Pleno Parlamento
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EUROPA PRESS
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El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este jueves, de forma definitiva, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, una norma que modifica de golpe 18 leyes autonómicas ordinarias y deroga, a través de una enmienda del PP, la norma aprobada por unanimidad en el primer semestre de este año para convertir el 112 en entidad pública empresarial.

La conocida como Ley de 'Acompañamiento', que ha contado con el apoyo del PP y el voto en contra de PRC y PSOE, suprime el impuesto sobre las bolsas de plástico, elimina la Agencia Cántabra de Consumo, modifica la Ley de Cajas de Ahorros, así como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y actualiza las tasas, impuestos y precios públicos, aplicando una subida media del tres por ciento.

Además, introduce cambios en materias tan heterogéneas como la ordenación del turismo, defensa de consumidores y usuarios, los colegios profesionales, el servicio cántabro de salud, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, o la ordenación sanitaria, entre otras.

Tras superar las enmiendas a la totalidad de PSOE y PRC, la conocida como Ley de 'Acompañamiento' ha recibido un total de 71 enmiendas parciales: 18 del PP, 36 del PRC y 17 del PSOE, de las que sólo han prosperado las del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, entre ellas la orientada a la derogación de la ley sobre el 112.

Este proyecto de ley llegó al Parlamento con informe negativo del Consejo Económico y Social, que entiende que muchas de las reformas en él recogidas deberían tramitarse de una forma individualizada, a través de leyes ordinarias, al no requerir tramitación urgente o no tener relación con el presupuesto.

Crítica que también han esgrimido los grupos de la oposición, que consideran que de esta forma, el PP perjudica el principio de seguridad jurídica y hurta el debate parlamentario en temas de importante trascendencia.

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