Una estimación que ATA ha elaborado a partir de los datos facilitados por el departamento de estudios y estadística de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y las diferentes fuentes consultadas, e incluye a las diferentes Administraciones Públicas, tanto ayuntamientos como diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central y empresas públicas) adeudan a los autónomos extremeños.

Por provincias, ATA destaca, a través de nota de prensa, que los autónomos de Badajoz son a los que más deben las diferentes Administraciones, con una deuda que asciende a unos 294 millones de euros, mientras que a los autónomos cacereños, entre ayuntamientos, diputaciones, comunidades Autónomas, administración central y empresas públicas, tanto de Extremadura como de otras comunidades, les deben alrededor de 199 millones de euros.

ATA explica que la Directiva Europea contra la morosidad y la su reflejo en la Ley de Morosidad española establecen que, en 2012 el plazo de pago de las Administraciones Públicas debería situarse en 40 días para alcanzar el objetivo de 30 días en 2013, pero "con los registros actuales es prácticamente imposible que España y Extremadura cumpla dichos objetivos".

Señala que dentro del sector público la media en los plazos de pago varían y los ayuntamientos en general "registran las peores cifras", ya que según los datos aportados por ATA, la media de pago de la Administración Central se sitúa en 87 días, las comunidades autónomas en 142 días y los ayuntamientos, 174 días. Además, las diputaciones "acortan los plazos con respecto a los ayuntamientos y autonomías".

Por lo tanto, señala ATA que la morosidad pública supone que "sólo el 12 por ciento de los autónomos tarda menos de 90 días en cobrar las facturas emitidas al sector público", uno de cada dos (51,2%) tarda más de seis meses y para uno de cada cuatro (23,4%) la espera supera el año.

La presidenta de ATA Extremadura, Raquel de Prado, ha lamentado que estos datos, junto al "agravante" de que los autónomos extremeños han adelantado 23 millones de euros en concepto de IVA, de unas facturas aún no cobradas, suponen "un testimonio claro y definitivo" de que autónomos y microempresas están "financiando a todas las administraciones públicas cuando debería de ser al revés".

"El fracaso de la Ley de Morosidad continúa batiendo un triste récord, la de ser la ley que más insumisos tiene", ya que "el 90 por ciento de las administraciones la incumple", ha aseverado De Prado.

Finalmente, y por todo ello, debido al "masivo y generalizado incumplimiento de la Ley", a su juicio sería "necesario y urgente establecer un régimen sancionador así como establecer medidas que garanticen su cumplimiento", ha señalado.

"Del mismo modo que cuando un autónomo no paga una multa, le embargan su casa, cualquier administrador de una administración pública tiene que saber también que si no paga, alguna responsabilidad debe asumir", concluye la presidenta regional de ATA.