Representantes del Ayuntamiento del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, gobernado por Juan Manuel Valle (IP-IU), así como una representación de los trabajadores municipales, se reunirán este martes con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar, según han confirmado a Europa Press fuentes de la citada Delegación.

En este sentido, fuentes sindicales han informado a Europa Press que también se prevé que acuda a esta reunión, que se celebrará en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta, también estará presente el secretario general de UGT en Sevilla, Juan Antonio Gilabert, acompañado por representantes de los trabajadores, para exponer a Tovar la "situación precaria" por la que se está atravesando y pedir "sensibilidad" por parte de la Junta para encontrar una solución.

Así, el alcalde palaciego ha explicado a Europa Press que el Ayuntamiento precisa un "alivio" financiero ante la complicada situación por la que atraviesa, por lo que planteará a Tovar la necesidad de un apoyo por parte de la Junta para obtener un préstamo de legislatura por valor de 2,2 millones y una moratoria a la hora de devolver las "numerosas subvenciones que el Consistorio tiene que devolver a causa de la mala gestión anterior, que destinó además los fondos para otros objetivos de los previstos".

Igualmente, señala que el Ayuntamiento continúa trabajando de la mano de la Diputación de Sevilla en el desarrollo de un plan de saneamiento para las arcas municipales, un asunto "dificultado" por la "negativa" del resto de grupos políticos a la aprobación de las ordenanzas fiscales de un Consistorio donde IP-IU no cuenta con mayoría absoluta.

"Ante las actuales circunstancias no basta sólo con ser austeros y recortar gastos, sino que también es necesario subir los ingresos", añade Valle, que explica que la subida de impuestos que se planteaba por parte de IP-IU era "razonable y de forma paulatina, no como la subida brutal que Diputación planteaba como necesaria". Finalmente, indica que se ha aprobado el tres por ciento, "por debajo del IPC", una cifra con la que "no se consigue reducir la enorme deuda que tenemos".