La portavoz socialista en el Parlamento de Cantabria y vicesecretaria general del PSC-PSOE, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha pedido este jueves al Ejecutivo regional (PP) que explique "qué ha hecho mal" en el tiempo que lleva gobernando para que ahora se "obligue" a Cantabria a incluir la deuda del Instituto Cántabro de Finanzas en el Presupuesto regional.

En un comunicado, la dirigente socialista ha asegurado que cuando dejó el Gobierno regional hace seis meses las operaciones del ICAF no computaban como deuda.

Según ha explicado, en marzo de 2010, el Banco de España comunicó al Gobierno de Cantabria que el ICAF quedaba clasificado como institución financiera y que, a los efectos del cálculo de la deuda pública, esta sectorización implicaba "no incluir en la deuda de la Comunidad Autónoma de Cantabria los pasivos financieros de Instituto".

Díaz Tezanos, que ha hecho público este jueves ese documento del Banco de España, ha explicado que cuando los socialistas dejaron el Gobierno regional hace seis meses "seguían vigentes las mismas condiciones" y ha achacado la obligación de que la deuda del ICAF computen como deuda a la actuación del Ejecutivo regional.

En este sentido, ha señalado que la primera noticia sobre la obligación de consolidar como deuda pública los 78 millones de euros en prestamos y avales comprometidos por el ICAF la ofreció la pasada semana la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, quien aseguró que eran instrucciones recibidas del Banco de España y responsabilizó del problema suscitado "a la herencia dejada" por el anterior Ejecutivo.

Los socialistas han denunciado que, a pesar de las peticiones para que la consejera entregara ese documento remitido por el Banco de España, éste "no ha sido entregado ni hecho público".

"¿Es esa la transparencia y el compromiso de decir siempre la verdad que el Gobierno de Diego contrajo con los cántabros?"?, se ha preguntado Díaz Tezanos, quien ha reconocido su interés por conocer qué ha ocurrido para que el Banco de España cambie de criterio.

Según ha señalado, eso "sólo" se podrá saber cuando el Gobierno regional haga público el documento "que dice haber recibido", en el que la socialista "se imagina" que los responsables del Banco emisor y de la Intervención General del Estado explicarán las causas que han determinado su cambio de criterio". "A lo mejor son esas causas, precisamente, las que no quieren que conozcamos los diputados", ha añadido.

La portavoz socialista ha señalado que el Gobierno del PP sólo ha incluido una operación nueva en la actividad del ICAF, un "escaso bagaje", a su juicio, para que "cambien tan drásticamente las condiciones".

"Me gustaría saber qué medidas ha tomado el Gobierno de Diego, qué explicaciones han dado y si ha hecho su trabajo el nuevo gerente del ICAF y el Interventor General de la comunidad autónoma para evitar esa decisión", ha afirmado.

La dirigente socialista ha desmentido a Mazas y ha negado que la operación de Sonkyo fuera la única privada realizada por el ICAF. "No es verdad. La de Colegios del Mundo no es pública y la de Papelera la realizaba una empresa privada", ha aseverado.

A juicio de Díaz Tezanos, la operación de avalar a Sonkyo que el Gobierno del PP pone como ejemplo, "es precisamente el paradigma de cómo no se deben hacer las cosas".

"La operación la anuncia el presidente del Gobierno, dándola por tanto carácter de actuación impulsada por la Administración y el ICAF le concede a Sonkyo un aval para la operación, pero no sabemos con que contra-garantías, si es que existen. Y aquí esta la clave porque, si como me temo, no existen esas contra-garantías, la operación es pública y por tanto computa como deuda y con ella todo el ICAF", ha detallado.

En opinión de la portavoz socialista, el mensaje que el Gobierno del PP ha estado mandando con sus declaraciones al Banco de España, a la Intervención General del Estado o a las Agencias de calificación, es que pretende reformar la ley de constitución del ICAF dando garantías públicas a todas sus operaciones "y asumiendo que todo el ICAF va a consolidar".

"Ese es el problema y el origen de que computen los 78 millones como deuda pública. Y por ello habría que pedir responsabilidades a este Gobierno. Por semejante desatino y porque la incompetencia sale muy cara a los intereses públicos", ha censurado.