La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena global de seis años de prisión al que fuera administrador único de la constructora Lacile S.L, Rafael L.M, por estafar en el año 2000 a más de una treintena de clientes de quienes percibió cantidades que se elevan a cerca de 1.150.000 euros bajo la promesa de construir un edificio de viviendas en la calle Prado de la capital, si bien utilizó dichos fondos para fines distintos.

Pese a que la acusación particular, en representación de los afectados, había reclamado penas que suman 62 años de cárcel para Rafael L.M; su socio e hijo, Rafael L.G, y un tercer imputado, Alejandro B.P, quien sucedió al primero en el puesto de administrador único de Lacile en septiembre de 2004, a los que imputaba la estafa, la Sala entiende que Rafael el padre es el único responsable de la misma y por eso resuelve imponerle cinco años de prisión y una multa de 2.700 euros, junto con la obligación de indemnizar a todas y cada una de sus víctimas, con responsabilidad civil subsidiaria de Lacile S.L, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, Rafael L.M. y Alejandro B.P. han sido hallados autores de un delito de alzamiento de bienes, del que ha sido excluido Rafael L.G, y les ha condenado a un año de prisión y una multa de 2.160 euros, mientras que los tres imputados han sido absueltos del delito societario y de apropiación indebida del que venían siendo acusados por el letrado de la acusación particular.

Se da la circunstancia de que Rafael L.M, condenado a seis años en total, ya fue condenado en 2007 a una pena de dos años de cárcel por estafar a un matrimonio de quien en 2003 obtuvo 42.000 euros por la construcción de un piso en Villalón de Campos que nunca llegó a ejecutarse.

Falsas apariencias

Los hechos objeto de la presente causa se remontan al año 2000 cuando Rafael L.M. planeó construir un edificio de viviendas, trasteros y garajes en los números 11 y 13 de la calle Prado de la capital, a sabiendas de que su situación financiera era muy delicada al tener otras empresas, todas ellas familiares, con deudas varias.

Pese a ello, promocionó dicho proyecto y logró que más de una treintena de clientes, a quienes hizo creer que la situación financiera de la empresa era boyante, acudiera a sus oficinas para realizar contratos privados de compraventa, bien de viviendas, bien de plazas de garaje o de trasteros, y desembolsara importantes cantidades de dinero por importe global superior al 1.148.000 euros.

Fue en diciembre de ese mismo año cuando Rafael L.M, como administrador único de Lacile, constituyó una hipoteca sobre el total de la finca en proyecto a favor del Banco Herrero, hoy Banco Sabadell, y obtuvo 2.404.048 euros, de los que la mayoría se destinaban a financiar las obras de construcción del edificio y el resto a financiar la compra, si bien, según sostuvieron las acusaciones, el dinero lo desvió a fines distintos de los de la edificación del inmueble.

Pero además, el 16 de septiembre de 2004 el otro condenado, Alejandro B.P, pasó a ocupar el cargo de administrador único de Lacile, quien, a pesar de ser perfecto conocedor de que gran parte de viviendas y plazas de garaje del edificio de la calle Prado ya habían sido vendidas a particulares, vendió la empresa a Contex Confecciones S.L.—su fin era totalmente ajeno a la construcción—con el único fin, y en connivencia con el anterior, de eludir el pago de todas las cantidades entregadas a cuenta por los compradores.

Gracias a esta operación, Rafael L.M obtuvo 977.631 euros que utilizó para saldar deudas de otras empresas de su propiedad y otra en la que Alejandro B.P. tenía participación por ser socio de la misma, aunque la Fiscalía de Valladolid reconoce que sigue sin conocer el destino de otra gran parte de ese dinero.

De este modo, las víctimas de los acusados se encuentran a fecha de hoy sin el bien adquirido y sin el dinero aportado en la compra.