El sindicato UGT estima que la Junta de Castilla y León despedirá a final de año a entre 150 y 170 empleados de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, una decisión en la que ve indicios de improcedencia y que pide a la Administración autonómica que se replantee.

Así lo ha explicado el secretario autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), José Miguel García, quien ha pedido a la Consejería que asuma sus competencias y reconsidere una decisión que es "incongruente" con los compromisos expresados en el debate de investidura por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien apostaba por el empleo, ya que se va a despedir a empleados cuyos contratos finalizan este año o incluso más adelante.

García ha asegurado que se ha pedido una reunión con la secretaria general de la Consejería, Carmen Ruiz, para concretar los datos, pero no se ha obtenido respuesta alguna.

El responsable sindical ha explicado que los trabajadores son contratados para determinados servicios competencia del departamento de Antonio Silván como el plan cuatrienal de vivienda, que finaliza en 2012 y cuenta con fondos del Gobierno central, por lo que estos despidos podrían ser improcedentes y que los programas siguen teniendo continuidad.

Otros contratos dependen de la Dirección General de Calidad Ambiental, competencia exclusiva de la Consejería, que podría incurrir en una dejación de funciones al despedir a trabajadores que llevan "años" velando por la seguridad ambiental, por ejemplo, ya que hay bólogos o químicos que llevan desde 2003 realizando estas funciones.

Asimismo, ha criticado que a veces se han detectado disfunciones entre los contratos y las tareas que realizan los trabajadores, por lo que incluso habría un "fraude de ley".

Falta de información

García ha criticado la "pasividad" de la Junta por no ofrecer datos concretos de estos despidos y ha afirmado que UGT intentará "mediar" con la Administración, que temen pueda trasladar estas medidas a otros departamentos como la Consejería de Educación o la Gerencia de Servicios Sociales.

El secretario de la FSP además ha afirmado que hay personal que realiza funciones en el departamento de telecomunicaciones cuando se ha licitado el servicio externalizado con un sobrecoste de un 25 por ciento mientras el personal laboral ve rescindido su contrato.

El sindicato, en una asamblea celebrada este jueves, ha animado a los trabajadores a que presenten reclamaciones individuales por estos despidos, que podrían suponer indemnizaciones para los trabajadores que podrían suponer unos 3.000 euros por año trabajado —la media puede ser de unos siete años, aunque hay contratos de 2001—.

Aunque afecta a todos, la provincia que podría tener más trabajadores afectados es la de Valladolid por darse la circunstancia de que alberga los servicios centrales de la Junta, pero también hay otras como la de Soria en la que podría haber un número elevado de despidos al encontrarse allí el Centro de Investigación de Valonsadero.

García ha explicado que aunque no hay constatación de que esta situación se haya dado en otras consejerías, Hacienda está reestructurando las consejerías y ha advertido de que el sindicato velará por que se mantenga el número de empleados públicos y en "ningún caso" se externalicen servicios.

Asimismo, ha asegurado que si la práctica se extendiera a otras consejerías "podría hablarse de un ERE encubierto" dentro de la Administración pública y las expectativas es que no se llegue a este extremo y se respeten los planes para los que fueron contratados los empleados.