El portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha acusado al alcalde, Íñigo de la Serna, de haber convertido la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una "cárcel" para la actividad económica en la capital cántabra.

Fuentes-Pila, acompañado del anterior consejero de Urbanismo, el regionalista José María Mazón, ha pedido al alcalde que se "retracte" de sus acusaciones contra el anterior Gobierno sobre los retrasos en el documento.

A su juicio, De la Serna "ha quedado en evidencia" ahora que el Ejecutivo del PP lo ha devuelto, instando a realizar 48 correcciones y a abrir un nuevo período de información pública, para que la aprobación definitiva pueda hacerse dentro de entre tres y seis meses.

Este "nuevo retraso" ha provocado una "enorme preocupación" y "alarma" en el PRC, cuyo portavoz ha admitido que el alcalde "por primera vez" ha "dado la cara" frente a un Gobierno que "ningunea sistemáticamente" a la capital.

"Para que queremos enemigos, teniendo como amigos a este Gobierno", ha ironizado el portavoz regionalista, criticando a un Ejecutivo que "no titubea" a la hora de entablar un "pulso" con Santander, ciudad que, como consecuencia, vive "su peor momento".

Una "trampa"

El PGOU se ha convertido en una "trampa" contra la "pista de despegue" hacia "un nuevo Santander", ha señalado Fuentes-Pila, quien ha pedido al alcalde que "coja el timón" de la ciudad y apueste, "con plan o sin plan", por los nuevos yacimientos de empleo, urgiendo al Gobierno a que apruebe un PSIR para los terrenos frente al PCTCAN (800.000 metros cuadrados, en lo que fue una de las propuestas electorales regionalistas).

Fuentes-Pila ha hecho hincapié en lo "surrealista" de que quien haya decidido la devolución del documento, —el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández—, era la pasada legislatura el asesor jurídico del Ayuntamiento de Santander, y, por tanto, el "custodio jurídico" del PGOU.

El PRC también pide al alcalde que exija al Gobierno un mejor trato a la ciudad, y que "explique" los motivos por los que se ha devuelto el Plan General.

Entre ellos, el ex consejero de Urbanismo, José María Mazón, se ha remitido a las sugerencias que se le hicieron en julio de 2010, sin que en el Ayuntamiento quisieran incorporarlas y que ahora la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) "ratifica".

Problemas de legalidad, con los suelos del POL, la zonificación de espacios, suelos urbanos no consolidados... que suponen, frente a lo dicho por el consejero Javier Fernández, "modificaciones sustanciales", esto es, "dificultades insalvables" que "no hay más remedio" que corregir.

Mazón ha reivindicado la "celeridad" con que desde el Gobierno se atendió al Ayuntamiento durante la tramitación del Plan General, en un proceso en el que Santander "no puedo haber encontrado colaborador institucional más leal"

Y ha recordado que las críticas que le lanzó De la Serna cuestionaban la "voluntad política" para aprobar el plan.

A su sucesor en la Consejería, Javier Fernández, que empezó "yendo de sobrado", Mazón le ha recomendado que tenga "bastante prudencia" porque "el primer mes, uno se piensa que va a arreglar el mundo", pero luego reciben una "buena lección", la de que la gestión no resulta "fácil".