El exsecretario equipara la "fuerza" de Torrijos y Crespo y se desliga del ajuste del pliego

La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis, ha tomado declaración en calidad de testigo al que fuera secretario general del Ayuntamiento hispalense Venancio Gutiérrez Colomina, en el marco de las diligencias relativas a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido por la sociedad gestora del mercado central, Mercasevilla, para enajenar sus suelos. Durante su declaración, ha explicado que el que fuera teniente de alcalde y vicepresidente de esta sociedad mixta, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA) y el socialista Gonzalo Crespo como presidente entonces de la empresa, tenían "una fuerza similar", negando además que conociese los cambios introducidos en el pliego de condiciones que reguló el concurso investigado.

La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis, ha tomado declaración en calidad de testigo al que fuera secretario general del Ayuntamiento hispalense Venancio Gutiérrez Colomina, en el marco de las diligencias relativas a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido por la sociedad gestora del mercado central, Mercasevilla, para enajenar sus suelos. Durante su declaración, ha explicado que el que fuera teniente de alcalde y vicepresidente de esta sociedad mixta, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA) y el socialista Gonzalo Crespo como presidente entonces de la empresa, tenían "una fuerza similar", negando además que conociese los cambios introducidos en el pliego de condiciones que reguló el concurso investigado.

Dentro de esta causa figuran, en calidad de imputados, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados en esta línea de investigación la que fuera en la fecha de los hechos directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales, y el que fuera vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla Jorge Piñero.

Asimismo, permanecen imputados la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante; la que era ese momento subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el que fuera en la fecha de los hechos aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.

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