El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra el actual secretario del consejo rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), "con contrato laboral privado de Egmasa", y contra todas aquellas personas que pudieran resultar responsables, por una presunta "usurpación de funciones".

Según ha indicado Safja en una nota, a través de la página web de la citada Agencia, este sindicato ha tenido conocimiento que la persona que desempeña el cargo de secretario del consejo rector de la citada agencia, tiene contrato laboral privado de Egmasa".

La denuncia advierte que "se podrían estar cometiendo acciones constitutivas de delito de usurpación de funciones, entre otras, y se desconoce el código del puesto que ocupa, las características esenciales del mismo, la nómina y su nuevo nombramiento".

Ha indicado que la Agencia "está obligada a informar de manera actualizada sobre su organización propia, y así lo hace por lo que respecta a la web" y alude a la legislación planteada para dejar claro en la denuncia que "el actual secretario no es personal al servicio de la Administración Pública, y no pertenece a la Consejería de Medio Ambiente en la Junta de Andalucía, es profesional laboral con contrato privado en Egmasa", por lo que, a su juicio, "sus actuaciones, funciones y actas no gozan de fe pública ni de presunción de certeza, aunque desempeña y ostenta públicamente la titularidad de la Secretaría de la Agencia".

Además, Safja apunta que "se vulnera la Ley porque se desconoce el código del puesto que ocupa este señor en la Agencia, las características esenciales mismo, la nómina pública que recibe, su número de registro general de personal, su nuevo nombramiento, ya que siempre ha sido personal de Egmasa, pero las competencias y funciones públicas que tiene ahora atribuidas y que desempeña, al ser titular de la Secretaria del órgano rector de la Agencia Amaya son las reseñadas en la normativa vigente".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía también entiende que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos, entre otros, de un presunto delito de usurpación de funciones públicas, regulado en el Código Penal, que se castiga en el artículo 402 con pena de prisión de uno a tres años".

Ha apuntado que el delito de usurpación de funciones públicas "es un delito de simple actividad, es decir, que no requiere resultado lesivo alguno para su perfección; sujeto activo de este delito puede serlo cualquier persona, incluso una autoridad o funcionario público que realice actos que estén fuera o al margen de su competencia específica".

Safja exige en su denuncia que se aporte contratos de trabajos del actual secretario con Egmasa y con la Administración de la Junta, Amaya, desde que "presta sus servicios en ambas; contenido, funciones y competencias que realiza, con enumeración pormenorizada".

Al respecto, este sindicato requiere el certificado de la Consejería de Medio Ambiente "donde se acredite documentalmente su condición de empleado público de la Junta de Andalucía, o de personal al servicio o bajo la dependencia de está; la inscripción registral y código de puesto que ocupa en la Agencia; nóminas que recibe; BOJA donde se publica el proceso de acceso al empleo público que ocupa en Amaya, de acuerdo con los principios constitucionales para su legítimo desempeño, igualdad, mérito y capacidad con publicidad".

Asimismo, demanda el "nombramiento y habilitación legal para ostentar y desempeñar legalmente las funciones de Secretaría del Consejo Rector de la Agencia; actas del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Aguas desde su constitución; actas de la comisión de seguimiento de Amaya, donde el actual secretario desempeña la Secretaría, dado que al ser titular del órgano rector, también lo es de ésta".

Por último, Safja pide que "se certifique por la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente que se ha cumplido, en sus propios términos, el auto judicial, de 16 de junio de 2011, por el cual ni el denunciado, ni otro personal de Egmasa haya sido integrado en la Amaya".