La juez que debía celebrar hoy juicio en Valladolid contra Ignacio M.V. y su padre, Lorenzo M.C, por delito de estafa supuestamente cometido cuando en 2007 arrendaron una parcela a una empresa y luego vendieron idéntico terreno a otra mercantil distinta, se ha declarado incompetente y ha remitido la causa a la Justicia zamorana, tras hacer constar que los hechos se produjeron en la localidad de Toro.

La decisión de la titular de Penal número 4 de Valladolid ha estimado así la cuestion de competencia planteada por la defensa, por lo que el juicio se celebrará finalmente, en fecha por determinar, en un juzgado de lo penal de la capital zamorana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las acusaciones pública y particular solicitan para padre e hijo una pena de tres años y, en el caso del segundo de los acusadores, el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 200.000 euros en favor de la empresa perjudicada, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan al día 26 de mayo de 2007 cuando Gotoga Broker S.L. e Ignacio M.V, vecino de Valladolid capital, acordaron suscribir un contrato de arrendamiento, por espacio de veinticinco años, respecto de once parcelas con una extensión de 30 hectáreas que este último poseía en el polígono número 5 de Toro, donde la mercantil querellante proyectaba ubicar un parque solar fotovoltaico para la producción de energía eléctrica.

Alquiler por 25 AÑOS.

En dicho contrato se estipulaba que en el supuesto de que el arrendador vendiera las fincas, el comprador de las mismas quedaría obligado a cumplir las condiciones establecidas en el contrato.

Con la seguridad del cumplimiento del contrato, la empresa querellante inició ante la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Toro todas las gestiones para la ejecución del proyecto, hasta que en el curso de tales trámites los responsables de la mercantil descubrieron que ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta se había presentado otra solicitud por parte de otra sociedad de la competencia, Pevafersa S.L, con domicilio social en Toro, y que perseguía construir también un parque similar en idénticos terrenos.

Fue entonces cuando los responsables de la mercantil vallisoletana conocieron que el propietario de las parcelas, en fecha 5 de julio de 2007, había vendido las mismas a Pevafersa S.L, ocultando en el contrato de compra-venta la existencia del contrato de arrendamiento previamente firmado con la querellante.

Gotoga Brokers entendió en su momento que la empresa competidora Pevafersa había tenido la intención desde hacía tiempo de hacerse con el terreno y que tras enterarse del alquiler del mismo decidió, "en connivencia con el propietario, adquirirlo y ocultando dolosamente la existencia del contrato de arrendamiento, comprarlo y solicitar a su vez a la Junta de Castilla y León la autorización necesaria para la instalación de un parque solar fotovoltaico", si bien la mercantil zamorana quedó finalmente al margen de la querella.

Ésta recayó en el Juzgado de Instrucción número 5, que tras practicar las correspondientes diligencias archivó las mismas por no encontrar indicios de delito. Sin embargo, la empresa querellante presentó recurso de apelación ante la Audiencia de Valladolid para que continuase la tramitación de las diligencias contra el titular de las tierras y su padre, Ignacio M.V. y Lorenzo M.C, respectivamente.

Dicho recurso fue finalmente estimado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que ordenó al Juzgado de Instrucción 5 "continuar la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra Ignacio M.V. y Lorenzo M.C. por si los hechos imputados fueran constitutivos de un delito de estafa".