UGT apoya el anteproyecto de Ley de Autoridad Docente pero exige "otras medidas complementarias"

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha expresado su apoyo al anteproyecto de Ley de Autoridad Docente, presentado por la Consejería de Educación en la Mesa Sectorial Extraordinaria celebrada este martes, aunque ha exigido "otras medidas complementarias".

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha expresado su apoyo al anteproyecto de Ley de Autoridad Docente, presentado por la Consejería de Educación en la Mesa Sectorial Extraordinaria celebrada este martes, aunque ha exigido "otras medidas complementarias".

En opinión del sindicato, "es necesario apoyar a todo el profesorado reconociendo expresamente su autoridad social, académica y su carácter de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones".

Por ello, FETE-UGT defiende que "exista una normativa que reconozca la autoridad del profesorado y que se haga extensiva al resto de la enseñanza pagada con fondos públicos, como es el caso de la enseñanza concertada, cuyos profesores quedarían expuestos a una situación sin cobertura legal".

Sin embargo, reclama a la Consejería de Educación que "preste asistencia jurídica gratuita adecuada ante las demandas que pudieran derivarse de su actuación profesional, tanto en los casos en los que sean demandados como en los que sean demandantes".

Asimismo, el sindicato propone que junto con esta Ley, "se facilite la inmediatez en la toma de decisiones disciplinarias necesarias para mantener la adecuada convivencia en los centros, siendo importante destacar que estas medidas serán previamente de carácter socioeducativo, además de las punitivas que sean necesarias".

"Una Ley por sí sola no resuelve las situaciones de conflictividad en las aulas y no promueve el buen clima y la convivencia escolar", ha señalado UGT, quien considera que "hay que acompañarla de otras medidas, como la incorporación de nuevas figuras profesionales en el ámbito de los centros, como el profesorado técnico de FP de Servicios a la Comunidad y la coordinación con los servicios sociales".

Así como "un aumento del número de orientadores en las zonas con más de un 10 por ciento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; la disminución de la ratio alumno-profesor; la ampliación de las plantillas y de la red de orientación, de los equipos de orientación y atención temprana; y la formación para los componentes de la comunidad educativa en la resolución de conflictos".

Favorecer la participación del alumnado y la actividad de las asociaciones de padres y madres "puede ser un elemento determinante para la mejora de la convivencia y de la percepción de la escuela por la sociedad a la que sirve".

Por último, FETE-UGT ha demandado a la Consejería de Educación que "abandone la política de recortes, porque para mejorar la autoridad del docente resulta imprescindible que el profesorado cuente con la suficiente dignidad y medios".

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