La situación de crisis económica no se ha traducido en un incremento de la criminalidad en Castilla y León, al menos esa es una de las principales conclusiones extraídas de la memoria de la Fiscalía Superior de la Comunidad presentada hoy por su titular, Manuel Martín Granizo, durante su comparecencia en las Cortes ante la Comisión de Presidencia, donde ha especificado que el número de procedimientos penales se situó ese año en 155.000, frente a los 149.000 y 147.000 contabilizados en 2009 y 2008, respectivamente.

"La crisis económica, que no es la primera que vivo a lo largo de mi carrera profesional ni, desgraciadamente, será la última, nunca se ha podido relacionar con un incremento de la delincuencia", ha enfatizado Manuel Martín Granizo, quien ha achacado esta situación, compartiendo criterio con la socialista Ana Redondo, al estado del bienestar de que goza la mayoría de los ciudadanos, aunque sí ha reconocido que la mayor incidencia de la mala marcha económica la sufre el ámbito judicial, en referencia al incremento en el número de ejecuciones hipotecarias, desahucios, despidos y EREs.

De forma particular, el máximo responsable de la Fiscalía Superior de Castilla y León, en declaraciones recogidas por Europa Press, sí ha advertido del incremento en el número de robos, en especial de aquellos "que ya no estaban de actualidad y que se relacionan más con la época de la postguerra", en concreto aquellos cometidos por grupos marginales y centrados en el hurto de cobre.

En su comparecencia en las Cortes, Martín Granizo ha lamentado la tardanza en la presentación de la memoria de 2010, pocos días antes de entrar en 2012, y en este sentido ha explicado que dicha demora obedece a la propia estructura de la Fiscalía, ya que no es hasta septiembre cuando el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, presenta las cifras nacionales, en presencia del Rey, con motivo de la apertura del año judicial. En cualquier caso, el Fiscal Superior de la Comunidad se ha mostrado esperanzado de que en un futuro el balance del trabajo que realizan los 127 fiscales repartidos en las nueve provincias de Castilla y León pueda efectuarse, cuando menos, dentro del primer semestre del siguiente ejercicio.

Instalaciones y recursos

Por lo que respecta al capítulo de instalaciones y recursos, Martín Granizo ha aprovechado para anunciar la previsible inauguración en Burgos, en la primavera de 2012, de la nueva y "magnífica" sede del TSJCyL, así como la progresiva extensión al resto de provincias, tras su inicial implantación en León, del sistema de interconexión de datos entre los juzgados de instrucción y la Fiscalía, "lo que permite ahorrar esfuerzo y tiempo".

En cuanto a los datos estadísticos, el conjunto de fiscales de Castilla y León elaboró en 2010 un total de 12.000 escritos de calificación, de ellos 4.600 de juicios rápidos y 7.600 de procedimientos abreviados, al tiempo que asistió a 1.137 comparecencias e intervino en 6.300 juicios en el ámbito de los juzgados de lo penal, otros 3.300 celebrados en las audiencias y con jurado popular y en 11.800 juicios de faltas, actividad que se tradujo en un total de 5.400 sentencias en materia penal.

De ellas, la mayoría, 1.100, estuvieron relacionadas con delitos contra el patrimonio, mientras que en el ámbito de los delitos contra la vida se dictaron 328 sentencias, frente a las 248 del anterior ejercicio, incremento que, como así ha precisado Martín Granizo, tiene que ver con "el criterio no compartido de incluir en la estadística aquellos casos de muerte por suicidio y por causas naturales".

También se incrementaron en 2010 los delitos contra la libertad sexual, 743, frente a los 540 de 2009, así como la actividad en lo que respecta a la siniestralidad laboral, con 75 escritos de calificación (56 en 2009) y 41 sentencias, diez más que el año anterior, mientras que en la jurisdicción de menores no se produjeron cambios significativos y en violencia de género los fiscales especializados en cada una de las provincias intervinieron en 1.480 diligencias urgentes, 4.200 diligencias previas, 76 órdenes de alejamiento y 175 órdenes de protección.

Esfuerzo en medio ambiente

En su intervención, el Fiscal Superior aprovechó para resaltar la labor realizada en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente, "pues cada vez son más los hechos denunciados y mayor la sensibilización social y judicial, ya que ahora este tipo de atentados ya no se considera como un mero ilícito administrativo", ha advertido, para a continuación incidir en que buena parte de ese cambio se debe al trabajo coordinado realizado junto con la Junta de Castilla y León, cuya actividad preventiva se ha traducido en un menor número de incendios, y los efectivos del Seprona, de quienes también ha alabado su lucha contra los vertidos de sustancias contaminantes.

De forma paralea, y en materia de seguridad vial, Martín Granizo ha recordado que cada provincia cuenta con un fiscal especializado, que persiguen, de un modo especial, aquellas conductas relacionadas con conducciones temerarias, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, velocidad excesiva o carecer de carné.

Al término de su intervención, los portavoces de los distintos grupos, José María González, por el Grupo Mixto; Ana Redondo, por el Grupo Socialista, y Francisco Javier García Prieto, por el PP, han felicitado a Mártín Granizo por la labor desarrollada al frente de la Fiscalía Superior, creada el 21 de enero de 2008, si bien el primero de ellos ha trasladado su preocupación por los fallos detectados en el sistema de interconexión entre los juzgados y la fiscalía, "que producen dilaciones y van en detrimento del servicio público", y la escasez de medios materiales y humanos, a pesar de la importancia que dicha instancia judicial va a tener en un futuro en lo que respecta a la delincuencia económica y los delitos contra el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.