El grupo parlamentario socialista ha asegurado este jueves que el "indulto" a la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa un sentencia de derribo del Tribunal Supremo, es "un engaño más" del PP a los cántabros.

En una rueda de prensa, el diputado socialista Miguel Ángel Palacio ha afirmado que los 'populares' en los seis meses que llevan al frente del Gobierno de Cantabria "no han hecho nada" para conseguirlo y no lo van a hacer para ello, a pesar de que en la campaña electoral anunciaron su intención de salvar esta depuradora.

Palacio ha recordado que las sentencias del Tribunal Supremo "obligan" tanto a los ayuntamientos, como a las comunidades autónomas y al Estado. APLAZAMIENTO

Por otra parte, el socialista ha añadido también que "llaman mucho la atención" las declaraciones del PP relativas a intentar un aplazamiento en la ejecución de la sentencia hasta la construcción de una nueva depuradora puesto que, según ha dicho, es algo que "ya está conseguido en este momento" en base a un acuerdo entre las partes implicadas: ARCA (la demandante); el Gobierno Central y el Tribunal Supremo.

Según Palacio, en ese mismo acuerdo, se incluye que los terrenos anexos a la depuradora —que habían sido añadidos en base a una posible ampliación que "no se dará en ningún caso"— vuelvan a su estado original, de marisma, parte de la sentencia que está ejecutando, según ha dicho, actualmente.

Con estas declaraciones, Palacio responde a las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, quien el pasado lunes reconoció que cada ves resulta "más difícil" encontrar formas de legalizar la depuradora de Vuelta Ostrera, en Suances.

El titular de Medio Ambiente afirmó en la Cámara regional que la solución le corresponde al Estado, y que lo que quiere el Ejecutivo cántabro es que se agoten "todas las vías posibles" para la legalización y, si resulta "imposible", que se plantee entonces la expropiación del contenido de la sentencia, es decir, el indulto.

Fernández respondió así a una pregunta del propio Palacio, quien entonces le reprochó al Gobierno que haya permanecido de "brazos cruzados" sobre este asunto: ni para cumplir la sentencia de derribo ni para buscar su legalización.