El Pleno del Parlamento ha acordado este miércoles remitir al Congreso de los Diputados la proposición de Ley Orgánica, presentada por el grupo parlamentario socialista, para la delegación de competencias a la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz a través de la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Los tres grupos aprobaron el dictamen de la proposición de ley orgánica, si bien el PP-A pidió votación separada de artículos de la iniciativa, de manera que ha rechazado algunos de ellos y en otros se ha abstenido o ha votado a favor.

La nueva Cámara Baja, con mayoría absoluta del PP, será la que tenga la última palabra sobre este asunto, que ha quedado abierto tras no haber sido posible un acuerdo entre el actual Gobierno central y la Junta. Ambas administraciones intentaron buscar una solución tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recogía las competencias exclusivas de la comunidad sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por su territorio.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo, en términos de legalidad, de un informe elaborado por el Consejo Consultivo y que fue solicitado por los tres grupos parlamentarios.

La proposición de ley orgánica plantea la habilitación de instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica para evitar la fragmentación o compartimentación de la gestión, mientras se atribuye al Estado velar por el respeto de las competencias de las comunidades autónomas que, aunque de forma minoritaria, tienen terrenos incluidos en la cuenca hidrográfica.

Entre las competencias que se propone delegar a la comunidad, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces, y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).

La proposición no incluye la delegación de las competencias que inciden sobre el régimen jurídico de las aguas, cuyo ejercicio se reserva íntegramente al Estado junto con las correspondientes fórmulas de control adicional constitucionalmente permitidas. De igual modo, se excluyen atribuciones relativas a normativas básicas de protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y la planificación hidrológica de la demarcación.

El parlamentario del PSOE-A Fidel Mesa ha manifestado que con esta iniciativa, se trata de ver si todos los partidos que consensuaron el Estatuto de Autonomía siguen estando en ese consenso y respaldan el principio sobre la capacidad de Andalucía de decidir sobre la gestión de las aguas del Guadalquivir que transcurren por su territorio. Ha señalado además que el PP se ve forzado a dar el día a la tramitación mientras que cuando se reune con colectivos afines manifiesta que esto no llegará a nada. "Para llevar a compañeros de viaje que van forzados y que intentan echar piedras en las ruedas, preferimos ir solos", ha indicado.

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Carolina González Vigo ha manifestado que este asunto ha puesto de manifiesto el "fracaso más absoluto" de José Antonio Griñán y su Gobierno en esta legislatura. Ha denunciado la "farsa" del PSOE en relación con el Guadalquivir, apuntando que a los socialistas nunca les ha importado el Guadalquivir y solo lo han utilizado políticamente por un "interés partidista". Ha manifestado que el PP afronta este debate con toda tranquilidad porque mantiene el mismo discurso desde el principio y hasta el final y defiende el máximo nivel competencial en el marco constitucional para posibilitar la mejor gestión del río.

El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha expresado la posición favorable de su grupo ante esta iniciativa porque apuesta decididamente por dar cumplimiento, en el marco constitucional, a lo estipulado por el Estatuto de Autonomía. Ha pedido unidad de la Cámara para acogernos al artículo 150.2 de la Constitución, una vía que Izquierda Unida siempre planteó desde el primer momento, según ha apuntado.