El Colegio de Médicos de Sevilla ha aplaudido la primera sentencia que condena por lo penal a un usuario por amenazar gravemente a un médico que trabajan en 2009 en el centro de salud de la barriada sevillana de Palmete.

En una nota, la entidad colegial ha recordado que el agresor ha sido condenado a un año de prisión, sustituido por cuantía económica, además de una indemnización que asciende a 500 euros por daños morales al médico. De igual forma, han sido condenados su hermano y su padre como autores de una falta de amenazas por su participación en los hechos.

El usuario acudió al centro de salud de Palmete para que le prescribieran unas recetas de urgencia para su madre. El doctor consideró al atenderle que no se trataba de una urgencia, y a la vista del tipo de medicamento que solicitaba, rogó al usuario que su madre acudiera al Centro para poder reconocerla personalmente.

Ante esta circunstancia, el agresor comenzó a increpar y amenazar gravemente al médico, llegando incluso a levantar el puño hasta en tres ocasiones de forma intimidatoria, según recuerda el Colegio de Médicos.

Por ello, el Colegio de Médicos ha mostrado públicamente su satisfacción al entender que un acontecimiento de estas características "sea considerado delito penal y juzgado in voce, es decir, dictando la sentencia en el mismo juicio".

Hasta este momento se consideraba que el atentado contra el personal estatutario debía ser por agresión física, si bien esta sentencia implica que no tenga que ser física, para que sea considerada delito, sino que puede ser una agresión verbal con amenazas graves para darle esta consideración de atentado. De hecho, este extremo lleva reivindicándolo el Colegio de Médicos de Sevilla desde hace años.

Al hilo de ello, ha recordado que el Colegio Médico sevillano fue pionero en España en la puesta en marcha de un protocolo de atención a sus colegiados ante situaciones de violencia durante el desarrollo de su ejercicio profesional.

El pasado mes de octubre, el colegio hizo público un informe elaborado por la asesoría jurídica de la institución en el que se destacaba que el 90 por ciento de las agresiones a facultativos se producen en la sanidad pública, siendo en la mitad de los casos (55%) los ambulatorios y consultorios los que soportan en mayor medida estos actos violentos y las discrepancias por la atención médica recibida (45% casos) el principal motivo de inicio del conflicto.