El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha asegurado que la inseguridad jurídica "siempre ha estado sobrevolando las islas" bajo los mandatos de los gobiernos progresistas, por lo que ha incidido en que el PP apostará por elaborar normativas "claras, sencillas y no interpretables" para no "alejar a los inversores y la riqueza".

Así se ha expresado Bauzá durante el pleno del Parlament con motivo de una pregunta planteada por el diputado del PSM-IV-ExM Biel Barceló, quien ha criticado que el Govern esté revisando toda una serie de normas que fueron impulsadas en la pasada legislatura para proteger zonas de las islas en las que se habían planeado proyectos urbanísticos.

Bauzá ha afirmado que "no es de recibo" que la administración de un determinado gobierno conceda una serie de permisos y licencias y que los mismos sean retirados por el siguiente equipo de gobierno. Así, el presidente ha subrayado que "hay una serie de derechos adquiridos que pueden ser ejecutados o no en función de la evolución de las urbanizaciones".

Por ello, ha apostado por crear un marco de seguridad jurídica en las islas que evite que las "cosas se hagan de una manera o de otra" en función del gobierno de turno y dar así confianza a los inversores. "Ha llegado la seguridad jurídica y se mantendrá con el Govern del PP", ha enfatizado el presidente balear.

Cabe señalar que el PSM-IV-ExM ha planteado este tema después de que el Govern esté estudiando revisar una serie de normativas de protección del territorio impulsadas en la pasada legislatura, las cuales paralizaron proyectos urbanísticos que se estaban impulsando en diferentes lugares de las islas. Como consecuencia de esta paralización, algunos propietarios y empresas exigieron a la comunidad indemnizaciones por los proyectos paralizados.

En este sentido, Barceló ha señalado que la promotora que iba a ejecutar un proyecto urbanístico en la zona de Es Canons, en Artà, reclamó 20 millones de euros en concepto de indemnizaciones, si bien las instancias judiciales han determinado que tan sólo habrá que pagarle unos 2 millones de euros (3,6 millones con los intereses). La sentencia de este caso indica que sólo se debe indemnizar lo que se invirtió y no las expectativas de beneficios que generarían dichos proyectos, ha apostillado Barceló.

"Una cantidad evidentemente alta, pero desde nuestro punto de vista, proteger no tiene precio", ha subrayado Barceló, quien ha apuntado que la protección de Es Canons entra dentro del modelo de sostenibilidad que defienden los nacionalistas de protección del territorio y del medio ambiente. Al respecto, Bauzá le ha replicado que puede ser que proteger no tenga precio "si no pagan ustedes".

Por su parte, el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha insistido en que la intención del Govern con la revisión de la normativa no es "levantar nada que no fuera ya urbano" ni "desproteger ninguna área natural digna de protección", sino regular aquellos casos de zonas afectadas por estas normativas en las que ya hay "calles asfaltadas, farolas y alcantarillado", entre otras cosas. Company ha afirmado que se trata de suelos que ya eran urbanos y que el anterior Govern decidió modificar "por ideología".

El diputado del Grupo Socialista y exconseller de Vivienda, Jaume Carbonero, ha explicado que se considera como suelo urbano "aquel que el planeamiento incluye por estar integrado en el tejido urbano y haber concluido de manera efectiva el proceso de transformación urbanística".

Sin embargo, ha afirmado que ha estudiado todas las urbanizaciones a las que se ha hecho referencia que podrían verse afectadas por esta revisión y ha asegurado que "no hay ni una que cumpla de manera efectiva con todas las condiciones" que marca la Ley del Suelo estatal. Por ello, ha enfatizado que esta decisión responde al "posicionamiento ideológico" del Govern respecto al modelo territorial que pretende implantar y no al pago de las indemnizaciones reclamadas.

También sobre este asunto, el parlamentario del PSM-IV-ExM ha mostrado su satisfacción después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya descartado en una sentencia la obligación de pagar una indemnización por la paralización del proyecto planeado en Ses Fontanelles.

Al respecto, el conseller de Medio Ambiente ha dicho que el Govern acatará todas las sentencias, si bien ha recordado que en este caso la decisión judicial todavía no es firme, por lo que ha preferido "no profundizar demasiado" en este asunto concreto.