Concepción García, ex edil de consumo del Ayuntamiento de Oviedo, ha declarado este martes que desconocía cómo se tramitaban las reclamaciones de consumo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la que fue responsable hasta junio de 2008 y ha dicho que se limitaba a firmar las resoluciones de los técnicos.

La exconcejal 'popular', que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha insistido en que no es licenciada en derecho, ni tiene conocimientos en materia de consumo. "Desde el punto de vista del sentido común me parecían razonables porque yo mas allá no llego. Los políticos estamos para hacer lo que los técnicos dictaminan", ha señalado durante el interrogatorio.

En el juicio, que se ha iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Oviedo con la presencia de varios compañeros del equipo de Gobierno, está acusado también el exdirector de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Oviedo, Alejandro Álvarez, como autor "por cooperación". El fiscal acusa a ambos de dejar de resolver voluntaria y conscientemente reclamaciones entre los años 2005 y 2007 o de hacerlo de forma arbitraria y de no tramitar sanciones.

"buenos" rendimientos

García ha explicado que conocía el funcionamiento de la OMIC a través de unas memorias anuales que le entregaba el jefe de servicio y en las que se reflejaban unos rendimientos "razonablemente buenos", a excepción del año 2007, cuando las denuncias se duplicaron y los trabajadores de la Oficina se vieron "desbordados por el trabajo".

Según su testimonio, las memorias que recibía no reflejaban la caducidad de las reclamaciones denunciada con posterioridad por la Unión de Consumidores (UCE-Asturias), personada en la vista como acusación particular.

La edil ha señalado que con posterioridad a la denuncia encargó una auditoría interna del servicio municipal de consumo que concluyó, en el año 2008, con un considerable aumento de la plantilla, integrada hasta la fecha por un técnico, una auxiliar y un jefe de servicio.

La ex responsable municipal ha destacado que "en absoluto tenía conocimiento de las denuncias sin tramitar" y que ninguna alarma había hecho sospechar del mal funcionamiento de la oficina. A ello, ha añadido que el jefe de servicio municipal le instaba a firmar las resoluciones asegurándole que estaban "fundamentadas en derecho".

A preguntas de la defensa, ha expuesto que la Oficina de Oviedo de la que era responsable recibió en 2006 una subvención del Principado de 5.000 euros frente a los más de 20.000 que se concedían a organismos similares de otras localidades de menor tamaño.

"avalancha" de reclamaciones

Segundo en ser interrogado, el entonces director de la OMIC, Alejandro Álvarez, ha asegurado que desde la firma de un convenio de colaboración con la Administración autonómica recibían una avalancha de reclamaciones de todo tipo que se valoraban, se daba traslado a la empresa afectada y, si el particular no replicaba a la respuesta, se daba por finalizado. "Me hubiera gustado hacerlo todo por escrito, pero el Principado entendió que todas las competencias de consumo las teníamos que atender nosotros y la realidad obliga", ha indicado.

El director ha reconocido que se dejaban sin atender las reclamaciones que "no eran claramente competencia de ninguna administración", en cuyo caso no se informaba al interesado porque "no había medios".

Álvarez ha considerado que actuaba conforme a la Ordenanza Municipal de Consumo y que, en ocasiones, los cambios de normativa hacían imposible sancionar sobre materias en las que no había jurisprudencia.

Entre otras valoraciones, ha justificado que ninguno de los reclamantes solicitaba que se iniciara un expediente sancionador contra la empresa u organismo infractor, por lo que, en consecuencia, los expedientes que no se iniciaron no pudieron caducar.

Tras señalar que en 2005 y 2006 atendía en solitario una media de veinte reclamaciones diarias, ha considerado que el eventual silencio de la Oficina no dejaba indefensos a los consumidores, que podían entender como denegada su solicitud y recurrir al Ayuntamiento o a la vía contenciosa.

En la ronda de testificales la auxiliar de la oficina -encargada de registrar los expedientes y trasladarlos al director- ha señalado que muchos de aquellos en los que no obraba informe escrito habían sido atendidos telefónicamente por el director.

Por su parte, el jefe de servicio ha manifestado que la edil le expresó su preocupación por las noticias alarmantes que publicaban los medios. No obstante, ha alegado que "la iniciativa sancionadora tiene que ser del técnico" y ha advertido de que "otra cosa es que ella hubiera tirado denuncias que recibiera personalmente". El funcionario ha añadido que como jefe de servicio no podía dedicarse exclusivamente a la supervisión de la OMIC, por lo que el vehículo de información preferente eran las memorias anuales de actividad.

"cautela" en las firmas

Personado como acusación particular, el presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, ha declarado que en 2007 advirtió de las incidencias de la OMIC mediante un dossier remitido a las administraciones local y autonómica y a la procuradora general. Además, a preguntas de la Sala, ha precisado que con anterioridad a esa fecha había solicitado de forma verbal a la concejala "cautela" en lo que firmaba.

Alonso ha opinado que tras la alerta de 2007 la OMIC intentó hacer limpieza resolviendo juntos expedientes de distinta naturaleza, aunque "lo que estaba aparcado, quedó aparcado".

Preguntado por su labor al frente de la UCE, ha aclarado que no percibe compensación económica, y ha dicho que el organismo, que carece de vinculaciones políticas, no puede asumir las labores de inspección y sanción que competen a la Administración.

Tras él, han declarado en calidad de testigos dos de los usuarios que presentaron reclamaciones ante la OMIC. El primero ha recriminado la educación "poco presentable" del director de la Oficina, que le aconsejó hasta en tres ocasiones que "dejara de marear", mientras que el segundo, que ganó su reclamación en la vía civil, ha dicho que lo único que hacían era "pasar de él" y "darle largas". "Mi reclamación estaba siempre en trámite", se ha lamentado.

El juicio continuará mañana con la ronda de testificales y concluirá previsiblemente este jueves con la fijación de posiciones de las partes. Tras la sesión de este martes, la edil ha dicho que no hará declaraciones hasta que el juez dicte sentencia.