El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha considerado "fundamental" el abordar "con tiempo" la ordenación territorial de la Comunidad, que a su juicio constituirá una "auténtica reconversión", porque en ello va el "futuro" de la autonomía.

Herrera, quien ha clausurado este lunes la 14 Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), ha aseverado que pese al actual escenario político, económico y social hay que afrontar la "auténtica reconversión" de Castilla y León como comunidad autónoma en su dimensión territorial para lo que, añadió, el tiempo es "fundamental".

Tras señalar que en ello "va" el futuro de una Castilla y León con "vocación municipalista", el presidente de la Junta ha señalado que el nuevo modelo de ordenación del territorio, basado en unidades básicas denominadas 'Distritos de Interés Comunitario', surgidos a su vez de la constitución ordenada de asociaciones voluntarias de municipios, debe de llevarse a cabo "nos guste o no" adelantándose a las circunstancias —"movernos antes de que nos muevan"—.

Este modelo debe de ser "estable" y tener visión "de futuro y largo alcance" y no ser "flor de un día" y deberá basarse, además, en otros "principios básicos" como su carácter "democrático" a fin de concitar "el consenso de todos" en un proceso "de abajo a arriba"; la "globalidad" a fin de que abarque todos los aspectos de la prestación de servicios públicos tanto desde la perspectiva local como autonómica y la "utilidad" ya que, aseveró, su fin radica en fortalecer las entidades locales y garantizar la prestación de servicios y, por ende, la calidad de vida.

Las diputaciones deben de tener un papel "protagonista" en este proceso, según el presidente de la Junta, quien ha considerado que el ajuste debe de hacerse con la colaboración de las propias instituciones provinciales, que en el marco del nuevo modelo realizarían labores de ayuda y asistencia a los nuevos distritos y tendrían que coordinarse con los órganos periféricos de la Junta.

En el marco del año 2012 ha situado Juan Vicente Herrera la aprobación del "gran acuerdo político" y social sobre Ordenación y Gobernanza del Territorio, nacido a partir de los trabajos de la Mesa sobre la Ordenación del Territorio constituida el pasado octubre y que, matizó, se plasmará en un Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio.

Sobre la base del Acuerdo y de esta nueva Ley se promoverá un nuevo Pacto Territorial que sustituirá al actual Pacto Local y que, adelantó, se negociará con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, a la que además ha agradecido el "esfuerzo" que realiza para desarrollar el papel que le confiere el Estatuto de Autonomía.

El presidente, quien ha apelado a la colaboración y participación de todas las entidades locales en el proceso de desarrollo del nuevo modelo de ordenación del territorio, se ha mostrado convencido de que las instituciones sabrán "estar a la altura" de la responsabilidad que "exigen" los actuales tiempos y ha recordado el "claro origen municipalista" de Castilla y León.

Las cifras

Juan Vicente Herrera se ha referido también a los "momentos objetivos" de dificultad económica por la que atraviesan los municipios y, en esta línea, ha recordado que la Junta casi ha triplicado sus aportaciones en los últimos diez años por medio del Plan de Cooperación Local y, tras resaltar su "orgullo" ante las aportaciones de las convocatorias extraordinarias del Plan de Empleo de 2010 y 2011, ha cifrado en cerca de 4.000 millones las ayudas a la cooperación local de la última década.

La crisis, en su opinión, ha conllevado "tensiones" que deben de considerarse no como un "agravio" sino como una posibilidad de mejora en lo referente a las duplicidades o delimitación de competencias, punto en el que de nuevo abogó por la "austeridad y la eficacia" y en el que recordó algunas de las medidas que el nuevo Ejecutivo central, liderado por Mariano Rajoy, pondrá en marcha cuando comience a gobernar.

Así, se refirió a propuestas "inteligentes" de "profunda reforma de las administraciones" que persiguen precisamente evitar duplicidades y que se plasmarán, entre otros, en una normativa básica de gobierno y administración local que, a su juicio, requerirá del consenso de las dos fuerzas "históricas" en el Parlamento.

A estas medidas sumó la centrada en la "definitiva" regulación de la financiación local y su coordinación con la autonómica, asunto no solventado en los ocho últimos años.