Las medidas adoptadas hasta la fecha dentro de la Política Pesquera Común (PPC) para reducir el exceso de capturas han resultado ineficaces, según un informe del Tribunal europeo de Cuentas publicado este lunes.

El estudio, que basa sus conclusiones en la situación en siete países (Dinamarca, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido), concluye que la sobrecapacidad de la flota sigue siendo uno de los principales motivos de ese fracaso, indicaron en rueda de prensa fuentes del Tribunal.

Los problemas detectados incluyen insuficiencias en distintas áreas, empezando por los objetivos de reducción fijados en España, Polonia, Portugal y Reino Unido. En España los objetivos para el programa operativo 2007-2013 no tenían en cuenta sistemáticamente la situación específica de las distintas poblaciones de peces, lo que "no permite evaluar si los programas de desguace de la flota han contribuido a reducir el exceso de capacidad de cada segmento".

También hay deficiencias en los planes de ajuste del esfuerzo pesquero, ya que al dejar en manos de los países la regulación de su contenido y no prever una revisión por parte de la Comisión Europea (CE) "aumenta el riesgo de que las medidas destinadas a equilibrar la capacidad con las posibilidades de pesca no resulten adecuadas". España, Francia, Polonia y Reino Unido sufren ese problema, indica el informe.

En el caso de España, "los planes no se publicaron con carácter oficial y se consideró en cambio que los programas nacionales de desguace de buques constituían una justificación suficiente". Además, "no se justificó el vínculo entre las capacidades y los recursos pesqueros disponibles, ni la identificación del nivel de esfuerzo pesquero exigido".

Otro problema encontrado en España se refiere a la concesión de ayudas públicas para el desguace de buques inactivos, añade el texto. Para corregir los problemas, el Tribunal pide a la CE que tome las medidas necesarias y que estudie la posibilidad de modificar la legislación a fin de definir mejor la capacidad pesquera y el exceso de capturas y establecer límites efectivos.

También pide que determine si hay que revisar el programa de ayudas públicas para las inversiones a bordo y que imponga obligaciones a los países para que mantengan actualizado el registro de la flota. En un comunicado conjunto, organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF o Seas At Risk pidieron al Parlamento Europeo y al Consejo que aprovechen la reforma de la Política Pesquera Común para corregir los problemas denunciados por el Tribunal de Cuentas.

"El informe demuestra que la reforma de la PPC no servirá de nada a menos que las medidas se basen en un completo análisis de la capacidad pesquera, acompañado de plazos para la reducción de la flota", indicaron.Por su parte, la comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, dijo en un comunicado que el informe refuerza la convicción de la CE de que no se puede seguir como hasta ahora. "Necesitamos nuevas ideas. En nuestras propuestas para la nueva PPC queremos romper con el pasado", dijo la comisaria.

El Consejo Consultivo de Política Pesquera Comunitaria, integrado por Gobierno y comunidades autónomas, ha acordado este lunes una posición común para la negociación prevista esta semana en Bruselas sobre las posibilidades de pesca para 2012, que incluye, entre otras reivindicaciones, un aumento de la cuota de la merluza del norte.

Así lo dijo la secretaria general del Mar, Alicia Villauriz, tras la reunión celebrada este lunes bajo la presidencia de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en funciones, Rosa Aguilar.

Villauriz explicó que España defenderá la aplicación del principio de rendimiento máximo sostenible en 2012 "siempre que sea posible" y abogará, "en las ocasiones en las que esto crea un problema socioconómico a la flota", por una aproximación en un plazo mayor de tiempo y teniendo en cuenta el impacto que se pueda producir.

Igualmente, pedirá que cuando no existan suficientes datos científicos no se realicen reducciones automáticas de entre el 25% y el 15% como plantea la Comisión Europea. Por especies, el Gobierno pedirá un incremento en la merluza del norte, por la imposibilidad de llegar a un rendimiento máximo sostenible en el plazo que se plantea.