El alcalde del municipio granadino de Iznalloz, Mariano Lorente, ha dejado claro que para continuar pagando las facturas a la cooperativa que cuenta con la concesión del servicio de ayuda a domicilio es "indispensable" que se aporte la documentación necesaria para comprobar que se cumple con la legalidad vigente y con el convenio colectivo, algo que se le niega desde hace tres meses.

Así, Lorente ha asegurado a Europa Press que cuenta con "evidencias de abusos y de incumplimientos" por parte de la empresa, por lo que este lunes desbloqueará el pago de una factura, pero no del resto a la espera de contar con toda la documentación. En este sentido, apunta al pago de cinco euros la hora, cuando el Consistorio paga once euros la hora y el convenio colectivo establece un mínimo de alrededor de siete euros, además de "trabajos sin contrato".

En este sentido, recalca que no se puede permitir que se "chantajee" al Ayuntamiento, que debe "comprobar la calidad del trabajo, el cumplimiento de la normativa y del convenio colectivo", tal como le ha encargado la Diputación de Granada, ante lo que asegura tener "evidencias" de que "no está ocurriendo, sino que se está abusando de las trabajadoras, por lo que se seguirán reteniendo los pagos".

"Si la situación continúa así se dará traslado a la Inspección de Trabajo y se abrirá expediente informativo y, si se demuestran los abusos, el Ayuntamiento no continuará con este contrato con personas que incumplen la ley", advierte, tras reiterar la petición de contar con las nominas, contratos y alta en la Seguridad Social de las trabajadoras.

El primer edil de Iznalloz explica que el Ayuntamiento no les debe a estas trabajadoras pues la nómina, sino la factura a la cooperativa, un elemento de "presión" para que remita la documentación necesaria para cumplir el mandato de la Diputación, realizado el día 24 de octubre, en el que se le comunica al Ayuntamiento que es el responsable de vigilar las condiciones laborales y el cumplimiento de la ley en este servicio.

De este modo, señala que ha estado recibiendo a trabajadores de la empresa de forma "aislada", quienes le han transmitido "que hay abuso, que se paga menos de lo estipulado y sin contrato", por lo que se le ha vuelto a reclamar la información a la cooperativa, algo que "a lo que se niega alegan la Ley de Protección de Datos".

"A pesar de esta situación, este jueves me puse en contacto con las propietarias para comunicarles el desbloqueo de uno de los pagos, pero sin embargo han tomado la decisión de iniciar movilizaciones irregulares, con servicios mínimos regulados no establecidos y ocupando el Ayuntamiento de forma ilegal", concluye.