En la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A pide que la Cámara autonómica acuerde la necesidad de que se asuman "responsabilidades políticas" en la Junta por el "escandaloso fraude generalizado en relación con el procedimiento y la gestión de ayudas sociolaborales y a empresa en crisis" y que se inste al Consejo de Gobierno a "depurar las mismas".

El PP-A también recoge que se inste al Ejecutivo a "colaborar activamente con la justicia y aportar de inmediato cuanta información y documentación le sea requerida en aras a garantizar absoluta transparencia y un mejor esclarecimiento en relación con el fraude de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis".

Asimismo, a través de esta moción, insiste en reclamar al Gobierno andaluz que autorice la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la totalidad de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE y a empresas en crisis concedidas por la Consejería de Empleo con cargo al programa presupuestario 'Administración de las Relaciones Laborales'.

Otra demanda a la Junta consiste en que elimine las "malas prácticas tendentes a evitar el control financiero" por parte del superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de la Junta y de la totalidad de sus entidades instrumentales, así como la "falta de observancia de las recomendaciones, objeciones o reparos formulados por la Intervención General en sus informes".

El grupo popular propone además que el Ejecutivo garantice que las partidas aprobadas en la Ley de Presupuestos de la comunidad destinadas a programas de apoyo sociolaboral se destinen al objeto y finalidad prevista, sin que se pueda producir desvío de fondos para sufragar ayudas que respondan a distinta naturaleza y finalidad, y que establezca procedimientos más efectivos y exhaustivos de control y de seguimiento tanto previos como posteriores al otorgamiento de ayudas a empresas en crisis y a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial y por expedientes de regulación de empleo.

De igual manera, el PP-A plantea que se inste a la Junta a iniciar los expedientes de responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de la Junta que por "dolo, culpa o negligencia grave hayan causado daños o perjuicios a la hacienda de la comunidad".

El grupo popular solicita al Ejecutivo que cree un fondo social de ayuda a familias sin ingresos y con todos sus miembros en situación de desempleo, destinado a la atención de sus necesidades básicas, y cuya dotación estará integrada por las cantidades que se deriven de esa responsabilidad y de las devoluciones que se realicen de los cobros indebidos del programa 31L.

Asimismo, pide que se inste a la Junta a llevar a cabo la convocatoria de concurso público en aquellos casos que sea necesaria la participación de empresas aseguradoras para la suscripción de pólizas destinadas al pago de prejubilaciones y subvencionadas por la Junta, asegurando en todo caso la competencia efectiva y la transparencia en la adjudicación de contratos públicos.