Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, D.S.P. sería la matriarca de un clan, compuesto por sus hijos y varios familiares allegados, sobre el que han recaído numerosas investigaciones por su presunta relación con actividades de tráfico de drogas, contando ya algunos de los acusados con condenas en sentencias firmes.

Detalla que comenzaron viviendo en un domicilio de La Huerta de San Cayetano de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), aunque en la actualidad parte de los hijos han establecido su residencia independiente en inmuebles construidos sobre unos terrenos del Pago de las Majadillas. La acusada principal estuvo casada con uno de los acusados, teniendo con él seis hijos. Posteriormente, se unió a otro de los acusados, con el que tuvo dos hijos más.

Señala que ninguno de los procesados ha poseído actividad laboral que les reportara ingresos económicos suficientes, si bien en 2006 la Policía inició una investigación patrimonial que dio lugar a este procedimiento.

Las investigaciones sobre la matriarca —con tres condenas por delitos contra la salud pública— y los familiares de su entorno se iniciaron al tenerse indicios de que utilizaban la casa en la que residían para la venta al menudeo de cocaína y heroína, actividad que se ha extendido en el tiempo "durante muchos años". Se trata de una vivienda social concedida por el Ayuntamiento sanluqueño en base a los escasos ingresos del núcleo familiar, aunque estaba dotada de "fuertes medidas de seguridad", tales como rejas reforzadas o puertas dobles.

Sometidos a numerosas vigilancias desde 1994, se han llevado a cabo cuantiosas actuaciones policiales, recogiendo el escrito de la Fiscalía las 36 más significativas, que conllevaron la detención de D.S.P. en nueve ocasiones. Da cuenta, asimismo, de que 1994 fue la época de "mayor alarma social", llegando los propios vecinos de la zona a organizar patrullas urbanas para impedir que los toxicómanos compraran en el citado domicilio.

Los bienes

Entre los bienes de los que en 2006 eran titulares los acusados, y sobre los que recae el presente procedimiento, figuran varias fincas rústicas, viviendas, numerosos vehículos y ciclomotores, así como diferentes cuentas bancarias.

El Ministerio Fiscal observa, entre otras cuestiones, que la matriarca llegó a utilizar, junto a su pareja, la identidad de sus hijos mejores y otros familiares para que constasen como titulares de parcelas adquiridas con dinero procedente del narcotráfico, intentando evitar que pudieran relacionarse con su ilícita actividad y decomisarlos por ello.

Así las cosas, la Fiscalía considera que los diez acusados son autores de un delito de receptación en su modalidad de blanqueo de capitales, solicitando para cada uno de ellos cuatro años de prisión y multas que oscilan entre los 3.000 y los 350.000 euros, sumando un montante cercano al millón y medio euros. De la misma manera, propone que satisfagan las costas de procedimiento, al tiempo que reclama el comiso de los bienes inmuebles, los vehículos y los saldos de las cuentas corrientes bloqueadas.