La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament, Maria Antònia Munar, ha solicitado la suspensión de su declaración en el marco de la pieza 13 del caso Voltor, que indaga la contratación de una treintena de militantes de UM en el Consorcio de Informática Local (Cilma) pese a que en realidad se habrían dedicado a realizar labores de partido. Su comparecencia está fijada para este lunes, a partir de las 9.30 horas, si bien ha pedido no declarar debido a su delicado estado de salud y al tratamiento al que está sometida.

Así lo ha solicitado mediante un escrito que su procurador ha presentado este viernes ante el Juzgado y al que ha acompañado un certificado médico a fin de justificar el estado en el que se encuentra, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. En cualquier caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, deberá pronunciarse sobre la petición de la exdirigente 'uemita' y decidir si finalmente deja sin efecto la citación de la imputada.

Se da la circunstancia de que recientemente Munar ya pidió que el auto que ponía fin a la instrucción del caso Can Domenge y los escritos de acusación formulados en esta causa le fueran notificados en su casa, para lo cual presentó numerosa documentación médica a fin de alegar que debido a su enfermedad no podía acudir al Juzgado. El forense determinó así la gravedad de su estado y la magistrada Carmen González acordó que un agente judicial se desplazase hasta su vivienda en Costitx para notificarle los documentos judiciales.

Sin embargo, Munar no es la única imputada citada para la próxima semana dentro del caso Voltor. El mismo lunes ha sido fijada la comparecencia del propietario del bar Can Lluc de Palma, presuntamente vinculado a UM, mientras que el martes están citados la excandidata 'uemita' a la alcaldía de Calvià María José Rodríguez y el exdirector insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, también en calidad de imputados.

Un día después será el turno del expresidente de la extinta UM Miquel Àngel Flaquer, en libertad bajo fianza de 100.000 euros en el marco de este caso, y el exconseller de Juventud y Deportes del Govern, Mateu Cañellas, para el jueves comparecer también como encausado Pedro Mir.

Las investigaciones de esta pieza apuntan a que, pese a estar a sueldo de la empresa dependiente del Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían limitado a trabajar para el partido nacionalista. Es más, las pesquisas indagan si ex altos cargos insulares, entre ellos su ex vicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

La jueza ya interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.

En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales. En concreto, los fondos públicos destinados a Infomallorca eran 190.000 euros hasta 2005, año a partir del cual la cantidad se situó en los 167.000 euros anuales hasta 2007. Por su parte, el coste de Eiel en 2007 fue de 110.000 euros mientras que el de Mallorcadigital, el único de los tres que ya no está en marcha, fue de 160.000.

Precisamente, la ex secretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, también fue interrogada por estos hechos y afirmó que se encargó de gestionar la contratación de diversas personas afines a UM en el Cilma a instancias tanto de la secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal, como, en una de las ocasiones, del entonces director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, y del alcalde de Pollença, Joan Cerdà.

Eugenia Cañellas ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, donde reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.

Por el contrario, tanto Nadal como su secretaria personal y la del ex conseller insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la jueza del caso Voltor cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados. Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.