El Ayuntamiento de Granada ha anunciado este miércoles que disolverá jurídicamente sus cinco organismos autónomos, es decir, el Patronato Municipal de Deportes, el Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), la Gerencia de Urbanismo, el Centro Cultural Manuel de Falla, y la Huerta de San Vicente, en lo que supondrá el inicio de un camino hacia la "gran transformación económica y administrativa" que se acometerá en la institución desde la democracia.

Esa disolución jurídica se hará efectiva a finales de este año, si bien el Consistorio se ha marcado la fecha del mes de junio de 2012 como un "periodo de transición" que permita analizar la situación de estas entidades y concretar qué hacer, o dónde recolocar, al centenar de trabajadores que actualmente están empleados en ellos, muchos de ellos funcionarios de carrera.

Así lo ha señalado el concejal de Economía en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Ledesma, durante la presentación del presupuestos de la administración local para el ejercicio 2012, unas cuentas "austeras" con "contención del gasto corriente", sin aumento de la presión fiscal Y ajustadas "a la realidad económica actual".

En total, el presupuesto consolidado de los ingresos (incluyendo a los organismos autónomos) asciende a 262,2 millones de euros —frente a los 311 del ejercicio anterior—, y el de gastos a 254,1 millones de euros —un 3,25 por ciento menos que en 2011, con 299 millones contemplados en gasto—, lo que arroja un superávit de 8,1 millones de euros, tal y como establece la Ley de Haciendas Locales.

En lo que respecta a los ingresos, de los 262,2 previstos, se contemplan 258 correspondientes a ingresos corrientes, como impuestos directos e indirectos. Por ejemplo, el equipo de gobierno, del PP, prevé recaudar un total de 62,2 millones de euros en concepto de IBI, 13,9 millones en impuestos por tracción mecánica, además de 14 millones en multas (la misma cantidad que el año anterior).

En el capítulo de gastos, se han incrementado las partidas destinadas a políticas sociales un 6,78 por ciento con respecto al año anterior, alcanzando los 21 millones de euros. Así, al servicio municipal de ayuda a domicilio contará con 14 millones de euros, y sube también lo destinado a ayudas a familias (13,18 por ciento), a personas sin hogar (un 13,04 por ciento) y al programa municipal de cooperación al desarrollo (un cien por cien).

Reducción de las partidas

Las disminuciones de las partidas se producen en Personal (un 2,18 por ciento), en Urbanismo (un 67 por ciento), en Cultura y Comunicación (un 18 por ciento menos), en Participación Ciudadana (un 14,25 por ciento), en Protección Ciudadana y Movilidad (14,45 por ciento), y en Relaciones Institucionales y Patrimonio (un 1 por ciento). El dinero destinado a actos institucionales se ha reducido un 8,33 por ciento, el que se emplea en representación de Alcaldía un 37,5 por ciento, en dietas y viajes institucionales un 20 por ciento, y la aportación a los grupos municipales un 23,22 por ciento.

El concejal se ha detenido especialmente en lo que se refiere a los gastos en Personal, que pasarán de los 88 millones de euros de 2011 a los 86 de 2012, que incluye la reorganización de los recursos humanos, sin aumento de plantilla, y la eliminación de los complementos de productividad y gratificaciones especiales, que supone unos 3,5 millones de euros al año. "Esta última medida será criticada, pero quiero ser claro y contundente en que la culpa de la crisis no sólo la pagan los funcionarios, la pagan los miles de parados de Granada. A situaciones excepcionales, medidas excepcionales", ha dicho el edil.

En definitiva, según ha considerado Ledesma, se trata de un presupuesto "ajustado" a la realidad económica, "valiente y transparente", y que garantiza el mantenimiento de los servicios públicos municipales y un refuerzo de las políticas sociales pese al ahorro programado, que tiene el objetivo de alcanzar "la estabilidad presupuestaria".

De hecho, este ejercicio que comienza, viene marcado por el panorama nacional, fundamentalmente por la reducción de los ingresos del Estado en las administraciones locales y por la obligación de devolución de los anticipos recibidos a cuenta desde 2008, que en el caso de la ciudad de Granada ascienden a 24,3 millones de euros, correspondientes a 2008 y 2009.

Esa "restricción" a la financiación de las corporaciones locales ha provocado, según ha indicado Ledesma, que los ayuntamientos se estén financiando con los proveedores mediante el retraso en el pago de los servicios contratados, lo que ha llevado al de Granada ha solicitar un crédito ICO de 12,3 millones de euros para saldar las deudas que han supuesto "un balón de oxígeno" para las "maltrechas arcas municipales".