El diputado de Izquierda Unida de Asturias en la Junta General y ex consejero de Agricultura y Pesca, Aurelio Martín, ha calificado de "atropello" a los pescadores de modalidades artesanales asturianos las nuevas costas pesqueras aprobadas por el Gobierno central. Las critica especialmente por el porcentaje de capturas superior al 50% que se permite a las artes industriales.

Así lo ha señalado el parlamentario durante una rueda de prensa convocada para criticar esta decisión. Se trata de las órdenes ministeriales publicadas en el BOPA el pasado 21 de noviembre, que asignan al arrastre (pesca industrial) porcentajes superiores al 50% en cinco especies. Concretamente en tres de ellas (bacalada, gallo y cigala) rondan el 90%. En el caso del pixín y el chicharro, superan el 50%.

La coalición de izquierdas ha presentado una proposición no de ley para a la Junta General del Principado, para que tanto la cámara autonómica como el Gobierno asturiano se pronuncien al respecto, mostrando su rechazo y pidiendo su revocación.

IU defiende un "reparto más equilibrado", atendiendo a cinco criterios: el empleo, la sostenibilidad, los descartes, el consumo energético y la dependencia del arte. Martín hace hincapié en este último aspecto, puesto que "la flota más de arrastre, tiene más interés en unas especies en las que la flota artesanal no lo tiene", como es el caso del gallo, la bakalada o la cigala, que fundamentalmente son elementos de la flota de arrastre y con muy poco interés para la artesanal.

Así pues, pide que se permita más cuota a las modalidades artesanales, en sus las especies más recurridas, como es el caso de la merluza.

Martín recuerda que en Asturias sólo hay unas seis embarcaciones de arrastre, mientras que la flota artesanal rondas las 300 lanchas, y supone unos 1.500 empleos directos, además de generar por cada puesto otros tres indirectos. "Y es una flota más sostenble desde el punto de vista medio ambiental, que más se ajusta a los criterios de la nueva política pesquera común", matiza.

Ha criticado además la forma en la que se han aprobado las cuotas, porque "no es de recibo que un Gobierno en funciones tome decisiones que afectan a los próximos tres años".