La que fuera coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial del mercado central de abastos de Sevilla, María Regla Pereira, ha elevado al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) una papeleta de conciliación reclamando que sea declarado "nulo o subsidiariamente improcedente" su reciente despido por su papel en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado, en 2009, por los exdirectivos de Mercasefvilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. La juez mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis, ha abierto ya juicio oral contra los cuatro acusados por este presunto delito de cohecho, entre ellos la propia María Regla Pereira.

La representación jurídica de María Regla Pereira ha informado a Europa Press de que, en la mencionada papeleta de conciliación, recogida ya por el Cemac, queda de relieve que el reciente despido de Pereira a manos del nuevo director de la sociedad mixta Mercasevilla, Manuel Blanco, "no se ajusta a derecho", por lo que los letrados de María Regla Pereira piden que dicho despido sea declarado "nulo o subsidiariamente improcedente".

A tal efecto, y merced a la mencionada papeleta, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) ha convocado a las 09,40 horas de este lunes a ambas partes al objeto de intentar resolver el asunto mediante conciliación. La previsible no avenencia entre las partes, así, motivará la consecuente denuncia de este despido por la vía Social.

Apertura de juicio oral y posterior despido

La juez Mercedes Alaya, mediante un auto fechado el pasado 25 de octubre, había dictado ya la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado en 2009 por Daniel Ponce y Fernando Mellet como máximos directivos de Mercasevilla.

Los acusados, que se enfrentan a un juicio oral mediante un jurado popular, son Ponce, Mellet, la excoordinadora de proyectos de Mercasevilla María Regla Pereira y el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Para ellos, la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público, por un periodo de 21 meses, a cuenta de un presunto delito de cohecho.

"La imputación formal en un procedimiento penal como autor de un delito de cohecho no puede ser insignificante desde el punto de vista de las relaciones laborales, por cuanto las conductas objeto de imputación penal mediante el auto de apertura de juicio oral constituyen una transgresión de la buena fe contractual", señala el documento que resuelve los despidos de Ponce y María Regla Pereira. En ese mismo sentido, la directiva de Mercasevilla avisa en este documento recogido por Europa Press, de que "estos hechos que se le imputan son constitutivos de faltas laborales muy graves, consistentes en abuso de confianza, deslealtad a la empresa y transgresión de la buena fe contractual tipificados en el convenio colectivo".