La Conselleria de Justicia y Bienestar Social creará una comisión de trabajo con el sector representativo de las personas con discapacidad, a fin de analizar las medidas normativas que afectan a este colectivo y adecuarlo al marco normativo de integración, no discriminación e igualdad de oportunidades que postulan tanto el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana como la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Así lo ha indicado el titular de este departamento, Jorge Cabré, quien ha explicado que con esta comisión pretenden impulsar y profundizar las medidas de política social ya existentes o que se consideren necesarias en el campo de la acción social, promoción de la accesibilidad y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención fue el resultado de un largo proceso, en el que participaron varios organismos, y donde tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.

La Convención —ha destacado Cabré— "supuso un paso más en la aproximación a la realidad de las personas con discapacidad, que hasta los años ochenta venía abordándose únicamente a través de un modelo médico, pasando a un modelo social de integración y aceptación a las personas en su diversidad".

España firmó y ratificó esta Convención, más su Protocolo facultativo, por lo que desde el 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español, con una serie de mecanismos de garantía, protección y amparo contenidos en su preámbulo que no pueden soslayarse. "Tanto sus disposiciones como sus principios, son asumidos plenamente por la Generalitat, que ya los tenía integrados y viene integrando en su actuación", ha subrayado.

Para adaptar las normas españolas a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, el Consejo de Ministros llevó a cabo modificaciones que afectan a dos Reales Decretos y a cinco Ministerios. La regulación de las condiciones básicas de accesibilidad afecta a sectores como transportes, tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación, entre otros.

En la comunitat

En el caso de la Comunitat Valenciana, Jorge Cabré ha explicado que la conselleria ha impulsado y desarrollado las acciones normativas precisas "para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos en igualdad de oportunidades".

En este contexto se enmarcan modificaciones en algunos artículos de la Ley 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes, Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, y Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de la Generalitat, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana.

Para continuar y profundizar en estas acciones, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia, abrirá un canal de diálogo con el mayor número de asociaciones representativas de los distintos sectores y colectivos de personas con discapacidad, para adecuar la normativa a la convención.

En estos momentos, la ley de Servicios Sociales está ya en proceso de revisión, así como el Estatuto de las Personas con Discapacidad, la normativa sobre accesibilidad y todas las normas sectoriales que inciden en las garantías de las personas con discapacidad.