El Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) ha convocado este viernes a la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, y al antaño director adjunto de la empresa Daniel Ponce a cuenta de la papeleta de conciliación promovida por este último contra su reciente despido por su papel en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado, en 2009, junto al exdirector general de la lonja Fernando Mellet. La juez mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis, ha abierto ya juicio oral contra los cuatro acusados por este presunto delito de cohecho, entre ellos el propio Ponce.

Simón Fernández, el abogado que representa los intereses de Daniel Ponce, ha informado a Europa Press de que, en efecto, la papeleta de conciliación interpuesta a cuenta del reciente y nuevo despido de Ponce se ha traducido en la convocatoria de un acto de conciliación por parte del Cemac. En concreto, ambas partes han sido convocadas a las 13,30 horas de este viernes y la no avenencia en dicho acto habrá de dar lugar a la denuncia del despido por la vía Social.

En su papeleta, la defensa de Ponce reclama la nulidad del despido por "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica en su vertiente de cosa juzgada material", además de una posible "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad". De manera subsidiaria, reclama que sea declarado improcedente el despido "por prescripción y falta de certeza de los hechos alegados". La vulneración de estos derechos fundamentales, según la papeleta, ha ocasionado "daños morales" al afectado por valor de 30.000 euros que son reclamados en concepto de indemnización. Avisa la defensa de Ponce, de cualquier modo, de la "imposibilidad jurídica de despedir dos veces a un mismo trabajador por los mismos hechos".

Apertura de juicio oral y posterior despido

La juez Mercedes Alaya, mediante un auto fechado el pasado 25 de octubre, había dictado ya la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado en 2009 por Ponce y Fernando Mellet como máximos directivos de Mercasevilla.

Los acusados, que se enfrentan a un juicio oral mediante un jurado popular, son Ponce, Mellet, la funcionaria María Regla Pereira y el otrora delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Para ellos, la Fiscalía reclama una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público, por un periodo de 21 meses, a cuenta de un presunto delito de cohecho.

"La imputación formal en un procedimiento penal como autor de un delito de cohecho no puede ser insignificante desde el punto de vista de las relaciones laborales, por cuanto las conductas objeto de imputación penal mediante el auto de apertura de juicio oral constituyen una transgresión de la buena fe contractual", señala el documento que resuelve los despidos de Ponce y María Regla Pereira. En ese mismo sentido, la directiva de Mercasevilla avisa en este documento recogido por Europa Press, de que "estos hechos que se le imputan son constitutivos de faltas laborales muy graves, consistentes en abuso de confianza, deslealtad a la empresa y transgresión de la buena fe contractual tipificados en el convenio colectivo".

El despido inicial de ponce

Cabe recordar, al respecto, que ya a comienzos de 2010, el Juzgado de lo Social número once declaró improcedente el despido que Jordi Maymó, entonces director general de Mercasevilla, había consumado sobre Daniel Ponce el 6 de octubre de 2009, extremo que derivó finalmente en su readmisión en el organigrama de la sociedad mixta. No obstante, la propia sentencia que declaraba improcedente este despido admitía la existencia de "irregularidades" en la justificación de gastos cargados por Ponce a las cuentas de Mercasevilla, que habría tolerado en este caso esta situación.

Las causas alegadas entonces por Mercasevilla para el despido de Ponce aludían a la falta de justificación de gastos de viaje, la entrega de 9.300 euros en concepto de beca a un "tercero ajeno a la empresa", concretamente Carmen V.M., y la participación en hechos "que podrían ser constitutivos de delito" con "ocultación", negligencia y "absoluta falta de control y desorganización" en la gestión empresarial, en alusión a las diferentes líneas de investigación que pesaban y siguen pesando sobre la gestión de Mellet y Ponce al frente de la compañía.