Un agente judicial se ha desplazado este mediodía hasta la vivienda de la expresidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, situada en el municipio de Costitx, para notificarle en persona el auto que puso fin a la instrucción del caso Can Domenge así como los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el Consell y la mercantil Núñez y Navarro, con cuya querella fueron iniciadas las pesquisas.

Así lo ha acordado la jueza instructora de la causa, Carmen González, después de que el forense al que solicitó que analizase la documentación médica aportada por Munar haya determinado la gravedad del estado de salud de la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM), de forma que finalmente no ha sido requerida para que acudiese al Juzgado a fin de que le fueran notificados la resolución judicial y los demás escritos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La pasada semana la expresidenta 'uemita' presentó, a través de su procurador, numerosa documentación médica para justificar que debido a la enfermedad que padece y al tratamiento al que está sometida no puso acudir al Juzgado la misma jornada en la que sí lo hicieron el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, el exconseller insular Miquel Àngel Flaquer y el abogado Santiago Fiol, también acusados en este caso.

De esta forma, ya le ha sido notificado el auto que decretaba una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros para Munar, Flaquer, Nadal, el exconseller Bartomeu Vicens y el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahúja, que disponían de un día para que abonasen de forma conjunta y solidaria la caución. Así, el Juzgado prevé iniciar los trámites de embargo de su patrimonio una vez los encausados designen bienes hasta cubrir la fianza fijada para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Junto a la notificación del auto y de los escritos de calificación, se le ha dado asimismo traslado de las actuaciones a la acusada, defendida por el letrado Gabriel Garcías, para que presente su escrito de defensa en el marco de este proceso, que indaga la venta de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, en favor de la UTE formada por Sacresa y Ferrà Tur.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, además de un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.