Los consejeros de Gobernación y Justicia y para la Igualdad y Bienestar Social, Francisco Menacho y Micaela Navarro, y el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús Calderón, han firmado este martes un convenio para colaborar en materia de violencia de género y, en especial, para potenciar la adquisición de conocimientos técnicos y jurídicos de los profesionales de la carrera fiscal que desarrollan sus funciones en las delegaciones provinciales competentes en violencia sobre la mujer.

Con la rúbrica de este convenio, que también va también dirigido a los profesionales que presten sus funciones en cualquier órgano jurisdiccional como especialistas en esta materia, el Gobierno andaluz da "un paso adelante más" en la lucha contra la violencia machista, así como en ofrecer una "atención más eficaz" a las víctimas.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa Navarro, quien ha subrayado que la intención de este convenio —con el que se renueva el "obsoleto" que se firmó en 2004— es que "las mujeres que interponen una denuncia contra su agresor sean atendidas por personal formado específicamente" en materia de violencia de género.

De esta manera, según ha indicado, se podrá evitar la "doble victimización" que sufren algunas mujeres cuando se enfrentan a "momentos tan difíciles como es poner una denuncia" y se encuentran con que quien la atiende "no es un profesional especializado y tiene que contar y repetir la misma historia en distintos ámbitos".

De hecho, el convenio establece que las comunicaciones entre la administración de la Junta y la Fiscalía se realicen a través de medios telemáticos, agilizando de este modo el intercambio de información. En concreto, la Junta comunicará al Ministerio Fiscal todos los informes y estudios relativos a la violencia sobre la mujer y también organizará actuaciones de protección jurídica, psicológica y social a las víctimas de violencia de género.

En este ámbito de colaboración, la Junta posibilitará igualmente que en el atestado inicial de Violencia a la Mujer se tenga conocimiento de aquellos casos en los que la víctima sea residente de un centro de acogida. Además, la Fiscalía tendrá acceso al Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección para el conocimiento actualizado de la atención social a la víctima y su seguimiento. El convenio también contempla que la Administración autonómica promueva el refuerzo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), así como la formación continua de su personal.

"Esto demuestra que el Gobierno andaluz trabaja de forma coordinada para dar la respuesta integral que una mujer víctima de violencia de género necesita", ha resumido la consejera para la Igualdad.

En esta misma línea, el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, ha subrayado que "hoy es un día importante porque se ha dado un paso más en el compromiso del Gobierno de Andalucía con la lucha contra la violencia de género". Ejemplo de ello, ha apuntado, es que "en menos de cuatro meses" Igualdad y Justicia hayan firmado dos convenios de colaboración en esta materia para "mejorar la coordinación entre las Administraciones".

Menacho también ha explicado que su Departamento reforzará las ocho Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) de los Institutos de Medicina Legal, impulsando la especialización y la formación continua de los profesionales integrados en estos órganos, y de que promoverá la cooperación institucional y comunicación entre las UVIVG, Fiscalías y Juzgados tanto en el ámbito autonómico como en el provincial. Además, ha indicado que desde la Consejería de Gobernación y Justicia se está trabajando con la Unidad de Coordinación para la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España, para concretar un procedimiento de coordinación institucional en materia de violencia de género entre la comunidad autónoma y el Estado.

Por su parte, la Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer, Flor de Torres —también presente en el acto junto con Calderón—, ha agradecido a la Junta la firma de este convenio porque, según ha valorado, "supone que se han roto definitivamente las barreras institucionales y se demuestra que todas las instituciones estamos unidas en el acompañamiento a las víctimas".

Preguntada sobre el hecho de que muchas de las víctimas de violencia de género terminen por retirar la denuncia contra su agresor, De Torres ha señalado esto que se "propicia" en algunas ocasiones por el "uso torticero" que ciertos jueces pueden hacer del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que es el que permite a una víctima que conviva o haya convivido con su agresor no ser testigo y no declarar contra él".

Según ha explicado, este artículo —que data del siglo XIX— tiene una "difícil convivencia" con la "moderna" Ley integral de Violencia de Género porque "permite que la víctima, cuando va a juicio, no quiera declarar contra su agresor", algo que se convierte en un problema a la hora de enjuiciar los hechos porque la violencia de género es un "delito cuya principal testigo es la víctima y que, si no declara, deja un vacío de prueba".

Más detalles del convenio

El convenio, con una duración de dos años y prorrogable posteriormente de forma anual, establece también la creación de una Comisión de Seguimiento en la que están representadas las Consejerías de Justicia e Igualdad y la Fiscalía.

Esta comisión se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria. La comisión estará integrada por ocho personas, tres a propuesta de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, dos a propuesta de la Fiscalía, y las tres restantes designadas por la Consejería de Gobernación y Justicia.

Aparte de las actuaciones ya detalladas, el convenio también recoge la realización de actuaciones específicas de carácter formativo y divulgativo dirigidas a los medios de comunicación social para que ofrezcan una información adecuada sobre los sucesos vinculados a la violencia sobre la mujer