La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo tendrá en 2012 un presupuesto de 39,43 millones de euros, un 19,6 por ciento menos que el ejercicio anterior. Es un presupuesto austero, que "mejora la gestión con recursos mucho menores" en favor de priorizar las políticas de empleo y la liquidez de las empresas.

Así lo ha dicho este martes en rueda de prensa la consejera de Economía, Cristina Mazas, quien ha subrayado que este recorte de su departamento no afectará a las políticas activas de empleo ni a las competencias del Servicio Cántabro de Empleo (SCE).

De hecho, la partida del SCE se incrementa un 9,5 por ciento (frente al descenso del 11% en este ejercicio), hasta los 74,29 millones. Un montante que ha sido debatido con los agentes económicos y sociales, que han aprobado "de forma unánime" este presupuesto que incluye dos novedades, un Plan de Empleo dotado con 3,1 millones, cuyo contenido se definirá en la concertación social, y tres millones para iniciativas singulares de empleo, fundamentalmente para el ámbito rural.

Además, Mazas ha indicado que en 2012 se realizará un control "exhaustivo" del presupuesto con carácter trimestral y se contará con nuevos medios para corregirlo "en un momento de incertidumbre", sobre todo en ingresos. Las cuentas también serán controladas a través de la Intervención.

En este sentido, ha comentado que el endeudamiento previsto para el año próximo asciende a 460 millones, de los que 179 provienen del déficit permitido.

En la presentación del presupuesto de su departamento, Mazas ha ofrecido cuatro ejemplos del "espíritu" de "austeridad" del mismo, como que su presentación ha costado menos de 500 euros frente a los 53.000 del año pasado; la reducción de la financiación al sector público empresarial y fundacional y a los organismos autónomos; la reducción de salarios de los altos cargos de la empresa pública; y la reducción de los gastos corrientes de la Consejería.

Así, por capítulos de gasto, personal baja un 7,17% por la nueva organización del Gobierno; los gastos corrientes un 15,76%; las transferencias corrientes un 18,37%; las transferencias a otros órganos autónomos y sociedades públicas un 42 por ciento; y las inversiones un 27,48%, hasta los 823.000 euros, una cantidad "muy pequeña" porque la Consejería "no es inversora". Se trata, ha resumido Mazas, de "ahorrar en gasto superfluo; la Administración se aprieta el cinturón para el Servicio Cántabro de Empleo", ha indicado. DEPARTAMENTOS

Por departamentos, en servicios públicos se reduce el gasto un 7,81% aunque los ciudadanos "no se verá mermada la calidad" de los mismos, ha asegurado la consejera; y en la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, un diez por ciento del presupuesto se destinará a inversiones para facilitar su relación con los contribuyentes mediante la implantación de nuevos modelos telemáticos de liquidación y autoliquidación y que permitan pagos con tarjeta de crédito.

La Dirección General de Economía y Asuntos Europeos gestionará fondos de la Unión Europea para el Tanque de Hidráulica y programas de innovación, entre otros. La iniciativa Interreg, que se lanzará en enero en Santander, convocará 18 millones en programas de innovación y medio ambiente para el sudeste europeo.

La Dirección General de Trabajo contará con dos partidas nuevas de medio millón de euros para ayudas al fomento de la contratación y para apoyar inversiones que generen nuevos puestos de trabajo; y el Instituto Cántabro de Estadística registrará un ahorro del 20% pero ampliará su oferta de estadísticas regionales.

El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo dispondrá de un presupuesto de 3.131.732 euros (frente a los 3.555.518 de 2011) y potenciará la prevención para atajar la siniestralidad laboral; y el Instituto Cántabro de Finanzas tendrá un presupuesto de 200 millones lo que rebaja un 33,3 por ciento el nivel de deuda. NOVEDADES

Por lo que se refiere a las novedades en la gestión presupuestaria, Mazas ha recordado que por primera vez se cuenta con un fondo de contingencia de 23 millones para el control del déficit, provisionar ante una posible reducción de ingresos en 2012 y cerrar el ejercicio "en positivo". Además, ha apuntado que se limitará el déficit trimestralmente (el 0% en el primero, el 0,4 en el segundo, el 0,9 en el tercero y el 1,3 en el cuarto, el límite máximo permitido para 2012) y para los seis primeros meses del año próximo se aprobará una regla de gasto.

La deuda o pasivos financieros previstos para 2012 es de 460 millones, de los que 179 provienen de la financiación del déficit permitido; 97 millones de liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica; 27 de variación de activos financieros (ampliaciones de capital para sociedades públicas y un préstamo a Sodercan para hacer frente a compromisos como los existentes con la Cooperativa de Monte, el Ecoparque Besaya y o el fondo de titulización del Racing); 56,5 millones de amortizaciones de deuda a largo plazo; y 100 para operaciones a corto plazo que concluirán antes del 31 de diciembre de 2012.

Por otra parte, en materia fiscal, el Gobierno reformará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y rebajará el de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados en algunos supuestos. El Ejecutivo prevé aumentar los beneficios fiscales de la comunidad autónoma en un 7 por ciento, hasta los 117 millones.

En el ámbito de empleo, además del incremento del 9,5 por ciento en el presupuesto del SCE, otra novedad es que aumentan las partidas de colaboración con la Sociedad de Garantía Recíproca (Sogarca), que tendrá un millón de presupuesto, lo que supone un incremento del 150%. Con ello se pretende mejorar la liquidez de las empresas, en colaboración con los agentes económicos y sociales y con el Instituto Cántabro de Finanzas.

Bajan las aportaciones a empresas públicas

Por otra parte, a preguntas de la prensa, Mazas ha informado que disminuyen las aportaciones a empresas públicas y organismos autónomos, un total de 67.

En concreto, los gastos de personal del sector público empresarial y fundacional baja un 15 por ciento, hasta los 9,5 millones, y las aportaciones del capítulo 7 a sociedades públicas lo hacen un 14,4 por ciento.