PSOE de Salamanca critica que la nueva directora provincial de Educación en Salamanca "no cumple los requisitos legales"

El secretario provincial del PSOE en Salamanca y procurador en las Cortes, Fernando Pablos, ha criticado que la Junta de Castilla y León haya adoptado una "argucia" para nombrar a la miembro del comité ejecutivo del PP en la provincia Manuela Rosellón Rebollero como directora provincial de Educación cuando "no cumple los requisitos legales" para poder hacerlo.
Fernando Pablos Durante La Rueda De Prensa
Fernando Pablos Durante La Rueda De Prensa
EUROPA PRESS
Fernando Pablos Durante La Rueda De Prensa

El secretario provincial del PSOE en Salamanca y procurador en las Cortes, Fernando Pablos, ha criticado que la Junta de Castilla y León haya adoptado una "argucia" para nombrar a la miembro del comité ejecutivo del PP en la provincia Manuela Rosellón Rebollero como directora provincial de Educación cuando "no cumple los requisitos legales" para poder hacerlo.

Pablos ha lamentado que el Ejecutivo regional se haya "saltado la norma" para que esté al frente de este organismo. Ha indicado que, según una normativa autonómica de noviembre de 2000, solo pueden desempeñar estas funciones funcionarios de tipo "A", de los que "hay miles y miles en Salamanca y no ella".

La actual directora es de categoría "A2", por lo la Administración ha procedido a su nombramiento como "suplente temporal" sustituyendo así a Bienvenido Mena, que ha pasado a nuevo delegado territorial de la Junta en Salamanca, ha reseñado Pablos.

El representante socialista ha explicado que preguntará al consejero de Educación, Juan José Mateos, por este asunto ya que las suplencias son por "vacaciones, ausencias o enfermedad" y que este caso no es de tales características. "No es para cuatro o cinco días, puede estar cuatro años cuando hay miles y miles de personas que cumplen los requisitos en Salamanca", ha añadido.

"Esto no es una anécdota, es muy grave", ha señalado Fernando Pablos, quien también ha criticado que la Junta pretende retrasar en seis meses el pago de las ayudas para libros a familias y que las cuantías para mantenimiento en los centros escolares se hayan reducido entre el 30 y el 80 por ciento.

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