La Junta de Andalucía, a través de la Delegación del Gobierno de Granada, ha puesto en manos de la Fiscalía de esa provincia las reiteradas negativas del Colegio de Abogados granadino a prestar el servicio de turno de oficio en los tribunales.

Según se recoge en uno de los escritos de la delegada del gobierno, María José Sánchez Rubio, remitidos al fiscal, el comportamiento del colectivo de abogados "puede suponer una afectación de derechos fundamentales de los ciudadanos tales como el de asistencia letrada al detenido o preso y el de tutela judicial efectiva". Así figura textualmente en el documento enviado al fiscal desde la Delegación del Gobierno el pasado día 15 de noviembre en el que ésta informaba en concreto de un nuevo caso de negativa a prestar el turno de oficio en el Juzgado de Instrucción Número 3.

Explica la Junta en un comunicado que el problema que ahora ha llegado hasta la Fiscalía, tras los reiterados intentos de la Consejería de Gobernación y Justicia por evitarlo "con el único fin de impedir cualquier posible vulneración de un derecho ciudadano fundamental", surge el pasado 16 de septiembre de 2011.

Y es que ese día el Colegio de Abogados de Granada acuerda en una Junta General Extraordinaria la suspensión de forma unilateral del servicio de asistencia jurídica gratuita. Ese mismo día se decide también realizar paros en el servicio de asistencia al detenido todos los martes de 10,00 a 14,00 horas. Los letrados responden al acuerdo de su colegio y el primer martes, tras la decisión (27 de septiembre), se realiza la suspensión de asistencia al detenido.

Además, dos días más tarde la Delegación del Gobierno solicita la colaboración de la Audiencia Provincial a fin de conocer las repercusiones del paro llevado a cabo el 27. Ese mismo día la delegada de la Junta en Granada remite escrito al Decano del Colegio de Abogados de Granada requiriéndole información sobre las consecuencias de dicha suspensión del servicio así como de las medidas que se tomen al respecto.

El 4 de octubre el Colegio de Abogados responde a la Junta en un escrito en el que hace una relación de todas sus reivindicaciones e informa que no se van a adoptar medidas. El 27 de octubre la Delegación contesta al Colegio y pone en su conocimiento los esfuerzos que realiza la Consejería de Gobernación y Justicia para cumplir el plan de pagos acordado.

Así, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Granada comunica el 7 de noviembre la negativa del Colegio a designar abogado de oficio para un imputado. El mismo juzgado vuelve a comunicar nuevas incidencias idénticas los días 21, 23 y 24 de noviembre. En total, otras seis negativas de los letrados a prestar otras tantas asistencias jurídicas gratuitas al mismo número de imputados. Todos los casos fueron comunicados desde la Delegación del Gobierno a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la cual incoa diligencias informativas e informa del Decreto por el que se acuerda trasladar el expediente a la Fiscalía Provincial para que continúe su tramitación. En estos momentos el expediente está en fase de investigación y ha sido la propia Fiscal Jefe la que se ha hecho cargo de la misma.

Señalan de esta manera que la protesta del Colegio de Abogados de Granada "no fue seguida en su día por ningún otro colegio de Andalucía y el propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se pronunció en contra de la misma de forma oficial y contundente en su momento".

Por lo tanto, la decisión de la Consejería de Gobernación y Justicia de poner en manos de la Fiscalía este asunto tiene como objetivo "preservar el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los andaluces que lo necesiten". Y fue el titular de dicha Consejería, Francisco Menacho, el que advirtió hace algunas semanas al Colegio de Abogados granadino de que la Junta llegaría "hasta donde hiciera falta" para evitar que un derecho fundamental de los ciudadanos se viera afectado en todo o en parte si los letrados persistían en su actitud de negarse a prestar la asistencia jurídica gratuita.

Indican además que la Junta de Andalucía "está haciendo un enorme esfuerzo por mantener este servicio judicial". En 2011 ha consignado un total de 44 millones de euros para sufragar los gastos del turno de oficio que prestan los abogados y procuradores de Andalucía. Un servicio que en 2010 atendió a más de 200.000 personas que solicitaron que les fuera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.