El excesivo alargamiento de los plazos de pago por parte de las administraciones públicas (central, regional y locales) de las deudas contraídas con empresas de la Región está ocasionando graves perjuicios que están llevando, en ocasiones, al concurso de acreedores, o, incluso, al cierre de empresas bien gestionadas y viables. La situación creada demanda la adopción de medidas inmediatas y de carácter urgente.

Ante las dimensiones del problema el Círculo de Economía de la Región de Murcia considera que las administraciones no deben seguir utilizando el impago a las empresas como una forma habitual de resolver sus problemas de financiación.

"No podemos olvidar, en ningún caso, que la única justificación de las administraciones es la de prestar un servicio a los ciudadanos. Están para resolver nuestros problemas, no para crearlos; de modo que no consideramos aceptable la adopción de medidas que tengan por objeto anteponer el interés de las administraciones frente a las legítimas demandas de sus acreedores", señalan en comunicado de prensa.

Así consideran prioritario el reconocimiento explícito y oficial de las deudas existentes con las empresas, con el consiguiente cargo por los intereses producidos, o por devengar. Es necesario, a su parecer, "como deber moral y legal, elaborar y ejecutar un Plan de Pagos realista, con un calendario claro y debidamente garantizado".

En el caso de que no fuera posible satisfacer la totalidad de la deuda contraída por la administración se deberían, a juicio del Círculo de Economía, "articular fórmulas tales como avales, endosos, hipotecas, o incluso la venta de determinados bienes patrimoniales de las administraciones públicas".

El Círculo de Economía entiende que la Administración regional debe comprometerse activamente en la búsqueda de soluciones financieras transitorias, apoyándose, tanto en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como en el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), así como en cualquier otro instrumento a su disposición

Tras lo que se ofrece para colaborar en la articulación de medidas concretas y anima a la Administración central, a la autonómica y a la Federación de Municipios de la Región de Murcia a la creación de instancias de participación para la propuesta de soluciones inmediatas "que impidan que continúe en nuestra Región la destrucción de empresas y puestos de trabajo por el impago de las administraciones".