La expresidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, ha presentado este lunes ante la jueza instructora del caso Can Domenge, a través de su procurador, numerosa documentación médica para justificar su actual estado de salud y puedan notificarle en su propio domicilio el auto que puso fin a la instrucción de la causa así como los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el Consell y la mercantil Núñez y Navarro, con cuya querella fueron iniciadas las pesquisas.

Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, después de que el pasado jueves la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González -quien decidirá en breve sobre esta cuestión- diese a Munar tres días hábiles para que ampliase la información que aportó sobre el tratamiento al que está sometida para justificar por qué no acudió al Juzgado la misma jornada en la que sí lo hicieron el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, el exconseller insular Miquel Àngel Flaquer y el abogado Santiago Fiol, también acusados en este caso.

De esta forma, aún no le ha sido formalmente comunicado el auto, que decretaba una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros para Munar, Flaquer, Nadal, el exconseller Bartomeu Vicens y el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahúja, que disponían de un día para que abonasen de forma conjunta y solidaria la caución. El Juzgado prevé iniciar los trámites de embargo de su patrimonio una vez los encausados designen bienes hasta cubrir la fianza fijada para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Junto a la notificación del auto y de los escritos de calificación, se les ha dado traslado de las actuaciones a los acusados -excepto a Munar por el momento- para que presenten escrito de defensa en el marco de este proceso, que indaga la venta de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, en favor de la UTE formada por Sacresa y Ferrà Tur.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, además de un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.