El presidente de la Audiencia Provincial de Santander, José Luis López del Moral, ha afirmado que el endurecimiento de las penas o agravantes por delitos medioambientales no es "ni bueno ni malo" porque al final las penas "siempre son proporcionadas" a las infracciones.

Sin embargo, a preguntas de Europa Press, López del Moral ha señalado que "a mayor pena" también tiene que haber "mayores garantías" a la hora de aplicar el proceso penal.

El titular de la Audiencia Provincial, que ha participado en las VII Jornadas Nacionales y V Internacionales de Naturaleza y Medio Ambiente organizadas entre otros por la Guardia Civil, que se han celebrado esta semana en el Paraninfo de la Magdalena, ha explicado que el endurecimiento de las penas por delitos medioambientales es un tendencia que se viene observando en toda la Unión Europea "desde hace años", y parte de la consideración de que el medio ambiente es "un bien jurídico digno de protección, un bien jurídico colectivo".

Y lo que ha hecho España en 2010, al reformar la Ley Orgánica 5/2010, ha sido "adaptarse" a esta legislación "ya casi consensuada" en la Unión Europea.

Este endurecimiento de las penas también afecta a la administración pública, por ejemplo, a los concejales, que ahora se pueden enfrentar, por delitos de prevaricación, a penas más duras en inhabilitación, prisión y multa.

Al respecto, López del Moral ha precisado que la ley no se ha modificado "pensando en determinados poderes públicos" sino que lo que pretende, con carácter general, es un efecto de "prevención especial", es decir, "que toda la sociedad tenga conciencia de que el medio ambiente es un bien jurídico importante y que las infracciones contra él son castigadas duramente".

Además, el presidente de la Audiencia Provincial ha abordado la problemática de determinar la autoría del delito medioambiental, de establecer quién es la persona responsable del mismo, sobre todo cuando éste se produce en el ámbito de una sociedad o empresa.

Y la añadida problemática que genera el hecho de que ahora las personas jurídicas se entienden también responsables del delito, "y por lo tanto, que ahora no sólo tengamos un autor sino dos".

En este sentido ha explicado que las sociedades y empresas tienen esquemas organizativos "a veces muy extensos", además de que en ocasiones son multinacionales o tienen sedes en distintos lugares de diferentes países. Por eso, "saber quién es la persona que tiene el control de los riesgos medioambientales a veces es complicado".

López del Moral ha indicado que normalmente se acude al representante legal de la empresa, salvo que ésta haya determinado que tiene un departamento o un responsable de medio ambiente. Pero aún en este supuesto se tiene que averiguar que "efectivamente" esa delegación que hace la empresa "no es ficticia" para evitar que los representantes legales sean responsables, sino que a esos delegados "se les han dado los medios, son personas competentes, técnicos en medio ambiente, etcétera".