El Govern y los Consells de Ibiza y Menorca darán protección jurídica a adultos incapacitados judicialmente

El Govern y los Consells insulares de Ibiza y Menorca llevarán a cabo una acción conjunta para dar protección jurídica a adultos incapacitados judicialmente o en proceso de incapacitación, en la cual se invertirán en 2011 un total de 183.947 euros, de los cuales 100.248 son aportados por la comunidad.
El Portavoz Del Govern, Rafael Bosch.
El Portavoz Del Govern, Rafael Bosch.
EUROPA PRESS
El Portavoz Del Govern, Rafael Bosch.

El Govern y los Consells insulares de Ibiza y Menorca llevarán a cabo una acción conjunta para dar protección jurídica a adultos incapacitados judicialmente o en proceso de incapacitación, en la cual se invertirán en 2011 un total de 183.947 euros, de los cuales 100.248 son aportados por la comunidad.

El portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha informado en rueda de prensa de estos convenios que tienen la finalidad de dar respuesta a las diferentes situaciones de desamparo y riesgo en que se encuentran las personas adultas incapacitadas judicialmente y que no disponen de personas -sean familiares o no- que cubran las necesidades de atención y defensa de sus intereses.

Por eso, la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social considera "necesario" que las administraciones involucradas colaboren llevando a cabo una acción conjunta de protección jurídica y social de estas personas.

En el caso del convenio con el Consell de Ibiza, éste precisará de una inversión de 94.006 euros, de los cuales 53.204 serán aportados por la Conselleria. Por otra parte, el de Menorca prevé un coste total de 89.941, de los que 47.044 serán financiados por el Govern.

Control de la incapacidad temporal

Por otra parte, el Consell de Govern también ha autorizado la firma de un convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2009-2012, por un importe máximo de cinco millones de euros.

El Fondo de incapacidad temporal se basa en un Convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (INSS), firmado en enero de 2009 y con vigencia hasta el 2012, para destinarse a la mejora de los procesos de control y gestión de la incapacidad temporal.

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