La representación procesal del PP-A ha presentado un escrito en el que solicita a la juez Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, que corrija el "error" en que incurre su último auto al solicitar a los representantes del PP-A Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido el 'Plan único del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza (provincias de Huelva y Sevilla)' y lo solicite a la Administración Central del Estado.

En el auto, la juez requiere a la representación legal del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y del exdelegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido —actual alcalde de Sevilla—, "como representantes del PP en Andalucía y constando su personación en la causa", para que aporten al Juzgado "a la mayor brevedad" el referido plan, "del que se desconocen más datos, a pesar de la búsqueda que del mismo se ha efectuado en varias bases de datos", y que "fue suscrito en la etapa en la que el PP ostentaba el Gobierno de la nación". "De igual manera y a iguales fines", la juez requiere en el mismo sentido a la representación procesal de la Junta.

En un escrito elevado este mismo martes ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal del PP-A entiende que, "a fin de dar inmediato cumplimiento y con la brevedad que se requiere, debemos hacer constar al Juzgado el error padecido al confundir la Administración General del Estado con un partido político", ya que, "al igual que se requiere esta información a la representación de la Junta y no al PSOE, es lo procedente y oportuno que esa información se requiera con la celeridad establecida en el auto" al Gobierno de España.

De este modo, argumenta que "es indudable que si esta representación procesal tuviera o hubiera tenido a su disposición el documento requerido, ya lo hubiera aportado a esta causa, en su obligación de contribuir al esclarecimiento de los hechos como acusación popular personada en la causa", subrayando en este punto que "en ningún caso el PP, ni sus dirigentes, conservan ni deben conservar ningún documento administrativo, una vez que deja de desempeñar las funciones del Gobierno que le encomienda la soberanía popular".

En este sentido, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha manifestado a Europa Press que ni él ni Juan Ignacio Zoido "tenemos el documento" que solicita la juez Alaya en su auto y ha querido dejar claro que "si lo tuviéramos en nuestro poder hace tiempo que se lo hubiéramos entregado".

En este sentido, Sanz ha pedido al PSOE que aclare los motivos por los que "ni la Junta ni el Gobierno de la Nación entregan a la juez ese documento", lo que ha llevado a la magistrada a "solicitarlo a la desesperada" a la representación legal del PP-A. "Qué es lo que tienen ocultar para que la juez tenga que reclamar al PP a la desesperada ante la falta de documentación después de haberlo intentado por todas las vías", ha concluido.