El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia se ha visto obligado este martes a suspender un juicio por secuestro al no comparecer la presunta víctima —denunciante de los hechos—, a la que le consta una orden internacional de localización. Así, se ha fijado una nueva vista para el 31 de enero, y mientras tanto esta orden de búsqueda se hará extensible tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil.

El juicio estaba previsto que comenzara a las 10 horas de este martes pero, sin embargo, no ha podido empezar puesto que al denunciante y víctima de los hechos no se le ha podido hacer efectiva la citación. Su letrado ha comentado que habló con él hace unos 20 días y éste le comentó que "en principio" iba a ir al juicio, pero también ha añadido que "últimamente está bastante mal como consecuencia del secuestro y no sabe muy bien lo que hace".

Así, este abogado ha explicado a preguntas del tribunal que su cliente trabaja en un país africano, y que a lo mejor también ha tenido problemas para ir al juicio por asuntos laborales. Pero ha abogado por suspender el juicio —al igual que ha mantenido el fiscal— y fijar una nueva fecha para que su representante pueda presentarse y declarar.

Al respecto, los hermanos de la presunta víctima, que tenían que declarar en el juicio en calidad de testigos, han indicado que la víctima sabía que hoy era el juicio, pero que "está fuera por motivos de trabajo y no sabemos nada de él desde hace una semana o algo así", ha dicho la hermana.

Ahora —ha agregado la hermana— "desconocemos si está en España o no, porque llamo al teléfono y está apagado". Al ser preguntada por si sabe si su hermano se dedica a transportar mercancías desde Mauritania a España, ha señalado que lo desconocía y que no sabe en qué empresa trabaja.

Ante la ausencia, el ministerio público ha pedido al tribunal la suspensión de la vista porque la principal prueba de cargo no estaba, y ha solicitado que se realicen todas las gestiones pertinentes para localizar al hombre, así como extender la orden de localización internacional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Frente a ello, las defensas han pedido que se celebrase el juicio porque el denunciante "era conocedor de la vista", tal y como ha señalado su abogado, aunque no le ha llegado directamente la citación. Además, han pedido la libertad provisional para tres de los cuatro acusados —uno ya está libre— puesto que cumplen los dos años de prisión dentro de un mes y tienen "arraigo acreditado".

El tribunal, tras deliberar durante unos cinco minutos, ha acordado suspender el juicio hasta el próximo 31 de enero, por ser el denunciante una "prueba importante"; y adoptar todas las medidas necesarias para su localización. En cuanto a la libertad de los acusados, ha indicado que ya se redactará una resolución a parte, pero ha adelantado que en principio no les será concedida.

"no es una broma"

El presidente del tribunal también ha recordado que el hecho de no comparecer en un juicio como testigos cuando hay presos es un delito y "no es una broma", con lo que se le podría deducir testimonio al denunciante por obstrucción a la justicia. No obstante, ha indicado que por el momento descarta esta posibilidad puesto que no se le pudo hacer una citación personal a la víctima, pese a que sí estaba informada de la vista.

Según consta en la calificación fiscal, los cuatro acusados —tres de ellos de origen colombiano y uno español—, puestos de común acuerdo, decidieron privar de libertad a un hombre hasta que sus familiares entregasen un rescate de 300.000 euros.

Uno de los acusados, empleando otra identidad, concertó un encuentro con la víctima el 10 de diciembre de 2009 en el polígono industrial de Xirivella con el falso pretexto de querer establecer una relación comercial. Al llegar allí, mientras ambos miraban los planos de la zona, los otros tres acusados llegaron en una furgoneta y tras forcejear con la víctima, la introdujeron en el vehículo.

Esposas y una capucha

Los acusados le pusieron unas esposas en las manos, le ataron los pies y le taparon los ojos y la boca con una cinta y una capucha. Además, uno de ellos le golpeó en diversas parte del cuerpo. La víctima fue traslada a una caseta alquilada, ubicada en el polígono de Chiva.

Allí, los acusados —siempre según la versión del fiscal— obligaron a la víctima a llamar a sus hermanos para exigirles la entrega del dinero. El hombre permaneció en la caseta durante seis días, hasta el 16 de diciembre. Ese día aprovechó un descuido y logró soltar las cuerdas que le ataban y huir de la casa.

Por estos hechos, el fiscal pide 12 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de secuestro y otro de robo. Además, pide una multa con una cuota diaria de 20 euros durante 50 días para uno de ellos por una falta de lesiones.