Los críticos contra la ubicación elegida para el Centro Botín de las Artes en Santander han pedido a las instituciones implicadas en el proceso que rectifiquen el "camino sin sentido" emprendido con este proyecto impulsado por la Fundación Marcelino Botín y el Banco Santander.

Lo han hecho al registrar ante la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) unas 200 alegaciones contra la modificación número 9 del Sistema General Portuario, el cambio administrativo que modificó los usos del muelle de Albareda para introducir la posibilidad de dotaciones culturales y de acceso a este espacio.

Desde el Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía de Santander, su portavoz Juan García insiste en que este colectivo, que el domingo convocó una concentración de protesta con casi 300 asistentes, no se opone el proyecto en sí, sino al emplazamiento elegido, el muelle de Albareda, junto a la terminal del Ferry y la Grúa de Piedra.

Y aclaran a los comerciantes y hosteleros que estos días se están pronunciando a favor del centro que tanto el colectivo como ellos "pretenden lo mismo: que se genere riqueza y empleo para la ciudad".

Al respecto, el movimiento demanda explicaciones sobre las cifras de turistas y visitantes que se manejan y la forma en que el Centro contribuirá a la creación de empleo.

"Comerciantes, hosteleros y nosotros estamos en el mismo barco", ha expresado García, quien ha defendido que "lo mejor" para la Fundación es "abrirse a los ciudadanos" a la hora de definir el emplazamiento para el Centro Botín.

Y piden que se "concilien" los intereses de los ciudadanos con los "particulares", "muy respetables" de la Fundación. ALEGACIÓN

En las alegaciones presentadas se hace hincapié en que la modificación del sistema portuario no responde a las necesidad propias de su actividad, sino que atiende a la iniciativa de "una entidad particularidad", y que no se ha justificado el emplazamiento elegido, ni que sea "imprescindible" esa zona.

"Los responsables de las administraciones podrían estar forzando una interpretación de las normas jurídicas para obtener un objetivo establecido 'a priori' y en favor de una iniciativa particular, manipulando documentos técnicos para justificar aparentemente una decisión", apuntan, con lo que concluyen que "estaríamos" ante actuaciones que podrían encuadrarse en la figura delictiva de prevaricación.

El impacto sobre el paisaje lo describen como "brutal e inaceptable", y advierten de la "invalidez" del Informe de Sostenibilidad Ambiental, que, además, fue elaborado por un licenciado en Geología y no por varios profesionales, según exponen, de modo que el informe es "nulo de pleno derecho y carente de validez y eficacia", en el que se ha cometido un "falseamiento de los hechos".

Y enumeran los distintos impactos visuales desde diferentes puntos de la ciudad, así la vulneración del Convenio Europeo del Paisaje o de la Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria.

También avisan de los perjuicios económicos que supondrá, al implicar el traslado del acceso al ferry.