Joaquín Benítez, alcalde de Aguadulce (Sevilla) por IU-CA entre 2007 y 2011, ha reclamado este lunes que la vigente alcaldesa, Isabel Ortiz (PSOE), renuncie "inmediatamente" a su cargo al haber sido condenada a ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros, por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística. Y es que Joaquín Benítez fue quien, como alcalde durante el anterior mandato, elevó los hechos a la Fiscalía y promovió la personación del Consistorio en la causa.

El ex primer edil de Aguadulce y promotor de la causa judicial ha explicado a Europa Press que para el municipio es "indigno" ser gobernado por una alcaldesa condenada "por unos hechos muy graves", ya que en 2006, Isabel Ortiz otorgó como alcaldesa y a un compañero del Partido Socialista una licencia para la construcción e instalación de naves al objeto de ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales. "Debe dimitir inmediatamente y también todos sus concejales, que han hecho la vista gorda y la han respaldado pese a conocer la gravedad de los hechos", ha dicho el exalcalde.

En ese sentido, ha señalado que "ética y políticamente", la alcaldesa ya no goza de "ninguna autoridad" para gobernar, reclamando igualmente al PSOE que la aparte "de todos sus cargos". "Es indigno para el pueblo", ha insistido.

Los hechos

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución.