La Cámara de Cuentas de Andalucía ha indicado en un informe que, con la actual clasificación presupuestaria del gasto, "sigue sin poderse conocer directamente cuál es el gasto incurrido en conciertos de residencias de mayores" por parte del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS), toda vez que en las aplicaciones presupuestarias de conciertos "se imputan conceptos relativos a otros sectores sociales como discapacitados y menores".

Según el informe de 'Seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización de las residencias de mayores concertadas con el IASS, referido al ejercicio 2002', consultado por Europa Press, el ente fiscalizador reconoce que "desde 2002 se han producido sustanciales cambios normativos y organizativos que afectan de forma significativa al alcance de este trabajo".

El alcance temporal se refiere al periodo 2009-2010, aunque para determinados aspectos, y con objeto de presentar el trabajo de seguimiento lo más actualizado posible, el alcance temporal se ha extendido hasta la fecha de finalización del trabajo de campo, en abril de 2011.

Entre las principales recomendaciones, la Cámara de Cuentas de Andalucía indica que en el 76 por ciento de las conclusiones y recomendaciones objeto de seguimiento se ha adoptado algún tipo de medida con objeto de subsanar las deficiencias detectadas e implantar las recomendaciones propuestas.

El informe, que recuerda que a 31 de diciembre de 2010 en Andalucía había 379 residencias concertadas con 17.921 plazas, lo que supone un incremento del 201 por ciento y 294 por ciento, respectivamente en relación con el ejercicio 2002, explica que el 97,6 por ciento de las residencias concertadas se gestionan desde las delegaciones provinciales, aunque en nueve de ellas participan en su gestión los servicios centrales, por lo que el ente fiscalizador considera que "en aras de agilizar y unificar criterios para la gestión de las plazas, sería recomendable que todas las residencias ubicadas en la misma provincia se gestionaran desde el mismo y único centro gestor".

En relación con la autorización y acreditación de centros, el informe apunta que, si bien en 2007 se aprobó una norma reguladora del procedimiento de acreditación de los centros, "la normativa de 1996 sigue todavía vigente", ante lo cual "la sucesión de periodos transitorios de adaptación a los requisitos para autorización y acreditación, las ampliaciones de estos plazos de adaptación, así como la provisionalidad de las acreditaciones, dan lugar a que existan centros cuyas acreditaciones responden a requisitos y exigencias diferentes", por lo que aconseja "homogeneizar, estandarizar y unificar los criterios de acreditación de centros".

El informe destaca que la situación administrativa en la que se encuentran las residencias "ha mejorado" con respecto a la que había en 2002, de manera que el 66 por ciento de los centros residenciales cuentan con acreditación definitiva y el 31 por ciento con acreditación provisional, aunque "24 de estas acreditaciones no se encuentran en vigor", mientras que el tres por ciento de las residencias (11) no tienen acreditación.

Por ello, el ente fiscalizador recomienda "adoptar las medidas oportunas tendentes a la actualización de la situación administrativa de todas las residencias concertadas".

Revisión de los expedientes

Respecto a los expedientes de concertación con las residencias, a raíz del informe anterior de la Cámara de Cuentas se inició un proceso de transformación de los convenios con las residencias concertadas en contratos de gestión de servicios públicos. El 76,5 por ciento de los centros residenciales de 2010 (290) tienen formalizados contratos de gestión de servicio público y el 23,5 por ciento (89 centros residenciales) aún emplean como fórmula jurídica los convenios de colaboración.

Asimismo, de la revisión de los expedientes seleccionados se desprende que "si bien con carácter general se encuentran más completos y ordenados, se siguen detectando en algunos casos deficiencias en la documentación que debe formar parte de los mismos". Por otro lado, se ha detectado que "en cuatro residencias se formalizan dos contratos para concertar las plazas de una misma residencia, siendo aconsejable que se contemplaran todas ellas en un solo contrato".

Por otra parte, y al igual que en 2002, se han detectado algunas "incidencias" en la imputación contable de los pagos realizados por la Consejería a las residencias concertadas derivados de la prestación del servicio que ponen de manifiesto "dificultades administrativas en la gestión de los pagos, así como insuficiencia de créditos en las aplicaciones presupuestarias destinadas a financiar el coste de las plazas concertadas".

En cuanto a la provisión de vacantes, en el informe objeto de seguimiento se detectaron tiempos medidos "dilatados" para cubrir las vacantes.

Ley de dependencia

El informe indica que, según datos del Imserso, desde mediados de 2008, en Andalucía el tiempo medio a enero de 2010 para realizar la valoración de la dependencia se situaría en unos cuatro ó cinco meses —tres meses de media en España—, mientras que en la segunda fase, desde que se reconoce el grado y nivel de dependencia de la persona beneficiaria hasta la elaboración del Programa Individual de Atención, transcurre entre nueve a 12 meses —entre 9 y 15 meses de media en el conjunto de España—", tras lo que el ente fiscalizador recuerda que "el caso andaluz con respecto a otras comunidades autónomas es particular dado su mayor volumen de gestión".

Agrega que el 26 por ciento de solicitudes de dependencia registradas en España corresponde a Andalucía.

El nivel de ocupación de las residencias concertadas alcanza un 94 por ciento de media en Andalucía. Los valores extremos por provincias se sitúan en el 90 por ciento de la provincia de Málaga y el 97 por ciento de Sevilla.

En cuanto a la liquidación de los servicios prestados, el informe de la Cámara de Cuentas indica que "sigue sin haber un modelo de liquidación de estancias único para todos los centros, excepto en la delegación de Córdoba", por lo que recomienda la implantación de "un modelo normalizado y en soporte informático para todos los centros".

El ente fiscalizador indica que "sigue sin quedar constancia por escrito de las comprobaciones realizadas por las delegaciones provinciales sobre los ingresos de los residentes que se consignan en las liquidaciones presentadas por los centros".

En la mayoría de las liquidaciones "continúa sin diferenciarse las plazas reservadas por motivos distintos a cuando se esté tramitando su ocupación, es decir, días de ausencia por permiso, vacaciones o internamiento en centro hospitalario", lo que puede dar lugar a que "se liquiden estas plazas como ocupadas en lugar de como reservadas, en cuyo caso se facturan al 60 por ciento del coste de una plaza ordinaria". Además, esta práctica "también afecta a la aportación del usuario ya que en dichos supuestos deben satisfacer el 40 por ciento del importe que correspondería a la plaza ocupada".

Por último, en relación con las actuaciones de la inspección de servicios sociales, en la línea de lo recomendado por la Cámara de Cuentas, se ha incrementado el grado de control sobre los centros concertados tanto cuantitativamente como cualitativamente, de forma que la Inspección visita la totalidad de residencias.